Baleares pone en marcha los trámites para impugnar la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Estado. El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto correspondiente, además de solicitar que se paralice el proceso de forma urgente como medida cautelar.
En el Ejecutivo han argumentado que tienen la «obligación de defender los intereses de los ciudadanos de las Islas» y que esta regularización «supondrá un impacto sobre los servicios públicos» de la Comunidad, y ello «sin recibir ningún tipo de compensación económica por parte del Estado». «Lo pagarán los ciudadanos de las Islas. Vivimos siempre, desafortunadamente, la sensación de que Sánchez invita y los ciudadanos de Baleares pagan», ha protestado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al anunciar el recurso.
Más de 6.500 personas solicitaron acogerse en las Islas en las dos primeras semanas del proceso, según datos de la Delegación del Gobierno. El Govern afirma que ha estimado el impacto económico de aumentar la población regularizada en miles de personas con este proceso; pero no ha querido compartir una cifra. Costa sí subrayaba que en cualquier caso ese impacto será «significativo». «Harán falta más profesores, más médicos», razonaba.
El Govern reprocha al Estado haber aprobado esta medida sin consensuarla con las Comunidades Autónomas ni debate parlamentario; apunta que no se ha hecho una estimación clara del volumen potencial de beneficiarios ni una valoración presupuestaria para elaborar una previsión de las consecuencias sociales, económicas y administrativas sobre los territorios.
En ese contexto Costa insistía en que Baleares «ya soporta una elevada presión migratoria y una fuerte tensión demográfica», además de recordar la saturación en los servicios de tutela de menores. Ha reiterado que la regularización conlleva un efecto llamada «por más que se niegue»: «Las personas se informan, es normal». A esto le sumaba el atractivo de las Islas por sus bajas tasas de paro: «La principal tracción de Baleares es tener un puesto de trabajo, y eso es absolutamente respetable y tiene todo el sentido», ha señalado, recordando que el Govern apuesta por el procedimiento ordinario vinculado a un precontrato laboral.
«Esta regularización masiva va en la dirección contraria a la tendencia actual de la mayoría de países europeos, que refuerzan el control de fronteras, la ordenación de los flujos migratorios y la integración efectiva», sostiene el equipo de Marga Prohens.
En las Islas, en las dos primeras semanas se presentaron 6.485 expedientes a la regularización extraordinaria, la gran mayoría como solicitudes de arraigo extraordinario, mientras que una pequeña parte son peticiones de personas que han demandado protección internacional. En paralelo, se puso en marcha un plan especial para agilizar las solicitudes ordinarias de arraigo que ya estaban en trámite.
Por favor, elecciones YA. Hay que echar a esos de La Moncloa y empezar a anular todo lo que han hecho. Es una barbaridad y las consecuencias las pagaremos todos.