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La UIB extiende los detectores de radiofrecuencias previstos en la selectividad a todas las pruebas de evaluación

La Universitat podrá utilizar los dispositivos a partir del próximo 1 de junio

Imagen de archivo de una prueba de selectividad en la UIB. | Foto: P. Pellicer

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La UIB ha extendido los detectores de radiofrecuencias, anunciados para los próximos exámenes de selectividad, a todas las pruebas de evaluación de la Universitat.

Así, la UIB aplica también la regulación del uso de dispositivos detectores de radiofrecuencia o de campo magnético en el desarrollo de las pruebas de evaluación, una medida aprobada por el Consell de Direcció, con el objetivo de reforzar las garantías de integridad académica y contribuir a prevenir el uso de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes.

Esta regulación se enmarca en una estrategia institucional de revisión y mejora de los sistemas de evaluación, que se orienta a promover procesos de evaluación más seguros, equitativos y adaptados al contexto tecnológico actual.

Los detectores permiten identificar transmisiones de señales inalámbricas o la presencia de dispositivos electrónicos próximos. Se trata de sistemas pasivos que no interfieren en las comunicaciones ni en el funcionamiento otros dispositivos electrónicos. Por ejemplo: no bloquean transmisiones, no permiten acceder al contenido de las comunicaciones y no permiten identificar ni tratar datos personales.

Su función se limita a indicar la presencia de señales o dispositivos electrónicos en un radio determinado, con el fin de facilitar la detección de posibles dispositivos no autorizados que puedan comprometer la integridad de las pruebas de evaluación.

Para hacer uso de los dispositivos que el vicerrectorado de Innovació i Transformació Digital pondrá a disposición del profesorado, éste tendrá que tramitar la solicitud que corresponda mediante el procedimiento que será publicado próximamente por la Universitat.

Se prevé que estos dispositivos se podrán empezar a utilizar a partir del día 1 de junio.

En caso de que se determine la presencia de un dispositivo electrónico no autorizado por parte de un estudiante en una prueba de evaluación, se aplicarán los procedimientos previstos en la normativa vigente sobre fraude académico.

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