Empezó a trabajar como educadora en los años 90 cuando todas las guarderías en Baleares eran asistenciales y el Ajuntament d’Inca, como ocurría en otros municipios de Mallorca, tenía un convenio con una empresa privada para dar el servicio en la ciudad.
Cuando el Govern balear aprobó el Decreto 60/2008 de 2 de mayo que establecía los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación infantil en el archipiélago la Toninaina se convirtió oficialmente en una de las primeras escoletas municipales modernas. Aquél decreto establecía un tamaño mínimo de 40 m² por aula y unas ratios de hasta 7 bebés de 0 a 1 año, 12 de 1 a 2 años y 18 de 2 a 3 años, además de fijar qué profesionales podían trabajar en los centros.
«En aquel momento las trabajadoras éramos auxiliares y se nos dio un plazo de 10 años para sacar la nueva titulación requerida. Habilitaron un sitio para hacerlo en Palma y quien quiso se lo sacó, yo fui una de ellas. Aunque eso nos ha permitido seguir trabajando, casi 20 años después el Govern sigue sin reconocernos como personal educativo», lamenta Loli Márquez.
Es una de las veteranas que participa de la lucha de la Xarxa 03 Baleares para que las escoletas de las Islas y su personal, sobrevivan el actual boom de demanda derivada de la ‘gratuidad’ del servicio, financiado ahora parcialmente por el Govern. Como otras profesionales denuncia la sobrecarga de trabajo, los bajos salarios y las elevadas ratios.
Ella trabaja en una escoleta pública pero a la vez es consciente de que las educadoras empleadas en la privada están en una situación económica más precaria aún. «Queremos ayudar y apoyar a las trabajadoras de las escoletas privadas en la lucha por un convenio autonómico que equipare salarios, libranzas y vacaciones pero no podemos olvidar que hay otra parte importante que reivindicar: la necesidad de adoptar medidas para evitar perder la calidad de la educación», advierte.
Márquez explica que «en países como Finlandia o Noruega las ratios son de un máximo de 3 o 4 niños de 0 a a 1 año por maestra. Ahora nosotros en Baleares tenemos hasta 7 bebés por educador y un apoyo compartido para cada tres aulas. Con la gratuidad ha aumentado el número de aulas en cada centro al dispararse la demanda y las escoletas están desbordadas, por no hablar de cuando hay bajas de personal que no se cubren…»
La educadora advierte también de que «llegan cada vez más niños con necesidades educativas especiales, algunas de ellas muy profundas, sin aumentar el personal de apoyo». «Un niño autista en los colegios contaría como dos pero lo que se contempla para las escuelas no se aplica para las escoletas. Aunque el 0-6 legalmente es una etapa educativa única, actualmente en Baleares el 0-3 no recibe el mismo trato que el 3-6, estamos peor que el resto y que sean más pequeños implica más trabajo, no menos», lamenta.
Recuerda que «actuar cuando el cerebro tiene más plasticidad mejora el pronóstico de los niños con necesidades educativas especiales en edades tempranas» por lo que reivindica que mejore la llamada Atenció Primerenca. «En este momento tenemos una orientadora dos veces a la semana para un total de 11 aulas y un especialista en educación y lenguaje para todo el centro que viene tres veces a la semana», continua.
La ‘gratuidad’ financiada por el Govern cuatro horas al día, no solo ha aumentado la escolarización en el ciclo de infantil 0-3 en las escoletas de Baleares, sino que muchas más familias contratan el servicio de escola matinera y comedor. «Eso ha implicado un servicio más completo. Si 12 niños de 1 a 2 años se quedan a comer en tu aula tú sigues teniendo solo dos manos», explica. Entre las reivindicaciones del colectivo, está la de que el Govern apruebe una normativa específica para regular el comedor. También denuncia que con el aumento del número de alumnos «se ha triplicado el papeleo».
A nivel laboral, el sector arrastra grandes agravios comparativos entre el personal de la pública y la privada. Márquez denuncia que «en Baleares el Govern antes tenía cuatro escoletas de gestión directa y ahora son 32, pero aunque Educació asume la gestión no en todos los casos ha asumido al personal». Explica que eso está provocando traslados de trabajadores en algunos casos y despidos en otros.
La educadora hace un llamamiento público para dignificar la educación infantil 0-3 en Baleares y advierte de que la Conselleria d’Educació no puede ponerse de perfil y argumentar que un convenio autonómico iría en contra del estatal. «En Menorca hace años que tienen su propio convenio con el visto bueno del Govern, esa no puede ser la excusa para no hacer nada», lamenta.
Avisa de que la precaria situación del sector está provocando que ya haya problemas para cubrir bajas y advierte de que la situación puede ir a peor en el futuro, si se tienen en cuenta los bajos salarios y el alto coste de la vida. «Nosotros por ejemplo tenemos un bolsín con 12 personas y 6 ya están trabajando en el centro. Cada vez hay más dificultades para cubrir bajas y eso es una carga extra para el personal que de por sí ya tiene una gran carga de trabajo. Si esto sigue así difícilmente habrá relevo generacional», concluye.
Cuando se prohíba la palabra gratis en la prestación de los servicios públicos se dará un gran avance en la utilización de los mismos por los usuarios. Nada es gratis y menos la educación; así el gasto público en educación en España se sitúa en torno al 4,9% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa una inversión económica que superó los 71.300 millones de euros. De gratis nada.