La Federació de Fútbol de les Illes Balears es la única del país que obliga a que los entrenadores de todas las categorías, desde benjamines hasta seniors, estén en posesión de la titulación requerida para ejercer sus funciones. Fue, en su día, tres lustros atrás, un logro del Comité Balear de entrenadores para mejorar la educación deportiva de los más pequeños y dignificar la profesión haciendo que los técnicos-monitores contasen con una preparación académica adecuada.
Desde siempre, no obstante, los clubes han encontrado trampas legales para burlar la contratación del técnico titulado exigido. Lo hacen, bien por el convencimiento en que la persona elegida es la más apropiada para dirigir al equipo en cuestión, pese a que no posea el carnet, o bien porque en los tiempos que corren las entidades deportivas, en muchas ocasiones, no están en condiciones de cumplir con la normativa por el coste que conlleva la contratación de otro entrenador y recurren a una solución que esté en la propia casa.
La trampa legal más extendida entonces es la de adjuntar al entrenador oficial un ayudante que, federativamente, está en el equipo en calidad de delegado, ayudante de material o cualquier otra licencia que le permita ocupar una plaza en el banquillo. En la práctica, no obstante, es ese ayudante el que toma las decisiones, el que dirige al equipo mientras el otro le acompaña o simplemente pone el carnet.
En otros casos, el club opta por abonar las multas por no presentar licencia de entrenador en cada partido, en lugar de contratar a otro entrenador.
El fútbol menorquín ofrece muchos ejemplos de estas triquiñuelas legales. Por ejemplo, en la temporada 88-89, Chicha Tudurí dirigió al equipo tras la destitución de Epi Medina en el Sporting Mahonés, aunque quien ponía el carnet era Santi Araujo, con el que supuestamente formaba un tandem. Curro Mesquida, que sí fue sancionado en su día, y Dani Vera en el Sami, Nito Riudavets y Diego Sintes, en el Alaior, Lito Alzina y Jozquín Andújar, también en el Alaior, Toni Goñalons, la pasada temporada en el Ferreries juvenil, o incluso la reciente incorporación de Javi Ogazón en el Penya juvenil, junto a Víctor Díaz, pueden ser algunos de los ejemplos válidos que acreditan la existencia de estas trampas legales.
Sin embargo, aunque el aficionado pueda sospechar que quienes dirigen al equipo, en los casos señalados, es el ayudante no titulado en lugar del entrenador oficial, demostrarlo es una cuestión harto complicado. Y lo es mucho más si, como ha sucedido en muchos de los ejemplos señalados, el técnico oficial asiste tanto a los entrenos como a los partidos.
"Si nos llega alguna denuncia al Comité, entonces nos movemos, aunque también podemos actuar de oficio", indica a este diario el delegado del Comité Balear de Entrenadores, José Luis Gonzalo. No obstante, el Comité también choca con el elevado grado de permisividad de la Federació que optar por no profundizar en estos supuestos casos ilegales en los banquillos para no enemistarse con los clubes debido a las dificultades por las que atraviesan.
Bajo una perspectiva global el cumplimiento de la normativa vigente es el correcto en más de un 90 por ciento, mientras que el porcentaje restante es difícilmente demostrable.