La Audiencia Nacional ha ordenado al juez que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que cite a declarar en calidad de imputados a los anteriores responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre ellos al expresidente Victoriano Sánchez Arminio, por el presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.
En un auto, el tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional e insta al juez Alejandro Abascal a que tome declaración como imputados asimismo al ex secretario general de la CTA Raúl Massó y al propio expresidente de la RFEF Ángel María Villar, que ya estaba investigado en este procedimiento. Lo que no ha aceptado la sección primera de lo Penal es la petición de la Liga de imputar a la RFEF, solicitud que se estudiará en su caso tras las declaraciones acordadas.
Esta investigación, abierta en 2017 y centrada en la gestión de la anterior cúpula de la Federación, discurre en paralelo del conocido como 'caso Negreira', que tiene origen en una querella de la Fiscalía de Barcelona ante un juzgado de la ciudad condal para indagar en los supuestos pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira por parte del F.C. Barcelona. Hoy mismo la Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo de estas pesquisas.
La Audiencia Nacional sostiene en su auto que hay «méritos suficientes» como para llamar a declarar como investigados a quien presidiese el Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2019, y también integrase la comisión arbitral; al ex secretario técnico del CTA y al propio Villar, que no ha sido interrogado como imputado por estos hechos.n También la Fiscalía, que apoyó el recurso de La Liga contra el rechazo del juez a citarles, hacía referencia a la «presunta desviación de fondos aportados por la LNFP a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos».
Según indicaba, los informes periciales revelan que «las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos» y dicha diferencia no está «justificada». Y consideraba que, de lo instruido, se desprenden indicios de que en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos habrían intervenido tanto el presidente como el secretario técnico del CTA, recuerda el auto. Ese «desfase contable», dice el tribunal, forma parte de los indicios que se obtuvieron precisamente de la declaración como testigo de Sánchez Arminio y Masso.
Dicha declaración y la constatación de que la investigación esta prácticamente finalizada fueron los argumentos del juez para rechazar imputarles, si bien el tribunal los rechaza porque, dice, eso no es «óbice» para cambiar ahora su condición procesal. Además, subraya, lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de una posible responsabilidad penal en la actuación de los imputados.