Victoriano Sánchez Arminio, que presidió el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la etapa de José María Enríquez Negreira como vicepresidente, pasó «al menos dos o tres horas» en el archivo de la entidad destruyendo documentación en una trituradora de papel el día de su cese, en mayo de 2018.
Así lo manifestó Antonio Rubinos, adjunto a la presidencia del CTA, a los guardias civiles que el pasado 28 de septiembre estuvieron registrando la oficinas de la entidad arbitral en Las Rozas (Madrid) por orden del juez de Barcelona que investiga el «caso Negreira», según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE.
De acuerdo con el acta de la entrada y registro ordenada por el juez, que pretendía hallar documentación sobre los pagos del Barça a Enríquez Negreira, fue el propio Rubinos Pérez quien de forma «espontánea» manifestó a los agentes que era posible que no localizaran alguno de los documentos que buscaban porque habían sido eliminados por Sánchez Arminio.
El secretario detalló que el día en que cesó Sánchez Arminio, quien dirigió el CTA entre 1993 y 2018, coincidiendo con la etapa de Negreira como vicepresidente, «estuvo al menos dos o tres horas en el destructor de papel eliminando documentos».
No fue esta la única documentación que echó en falta en las oficinas del CTA la Guardia Civil, quien tenía el encargo de buscar información relacionada con Sánchez Arminio, además de otros tres vicepresidentes, entre ellos el propio Enríquez Negreira y su hijo, también investigado por los pagos del Barça y que fue contratado como «coach» por la entidad.
Los agentes, según figura en el acta, intentaron extraer información de las cuentas de correo electrónico de los cuatro exresponsables de la CTA, pero no había rastro de la de los tres vicepresidentes y la del presidente Sánchez Arminio, quien falleció el pasado mes de mayo, estaba «completamente vacía».
En el almacén situado en el sótano de las oficinas del CTA, donde se guarda la documentación relacionada con las actas y clasificaciones de ascenso y descenso de árbitros, los guardias civiles se incautaron de varias carpetas con documentación así como de facturas.
En concreto, se llevaron diez carpetas de cartón con los expedientes personales y la baja de varios árbitros, así como cinco comunicaciones dirigidas a colegiados relativas a cambios de categoría con las clasificaciones de los mismos, firmadas por Negreira, entre otros responsables. También intervinieron una serie de facturas y liquidaciones de gastos por comisiones de servicio correspondientes a Enríquez Negreira, entre los años 2008 y 2017, y las sociedades que tiene a su nombre.
Los agentes siguieron las indicaciones del personal del CTA para hacerse con cuatro facturas vinculadas a los investigados en el «caso Negreira», pero estas no pudieron ser halladas en los ordenadores de la entidad, sin que los trabajadores supieran dónde se encontraban, añade el acta de registro. A través de palabras clave, los agentes inspeccionaron los ordenadores del secretario de la CTA, del contable y del director adjunto, además del servidor del sistema informático de la entidad arbitral.
En el marco de esta causa, que se abrió a raíz de una denuncia el pasado marzo de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018, y que, según el club, respondían a informes sobre arbitrajes.
El apunte
El club ocultó pagos al auditor ético del club
La responsable del Compliance del FC Barcelona entre mayo de 2016 y julio de 2019, Sabine J.C.P., encargada de velar por la ética del club, nunca fue informada de los contratos con Negreira y desconoce la razón por la que esos pagos no aparecían «a nivel contable». Abandonó el club en 2019 después de recibir una mejor oferta profesional y recuerda que en los años en los que trabajó allí nunca conoció ni vio en las instalaciones ni a José María Enríquez Negreira ni a su hijo, Javier Enríquez Romero.