El Comité Nacional de Competición y Régimen Disciplinario de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) acordó días atrás sancionar a Juan Carlos Fuentes, en calidad de presidente de la Federació Balear de Piragüisme (FBP), «con la inhabilitación por dos años», aplicando el Reglamento Disciplinario de la Española, a consecuencia de un largo proceso abierto el pasado verano tras la denuncia presentada contra la territorial por parte de tres técnicos cuyas licencias por espacio de dos temporadas se habían tramitado asociadas a otros tres clubes sin tener ellos constancia.
Actuaciones
A raíz de ello, Competición decidió incoar un expediente disciplinario a la FBP al considerar «que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de una infracción común muy grave», dentro del Reglamento de Disciplina de la RFEP «consistente en la ‘falsificación de datos en la licencia de competición o documentos necesarios para su expedición', apareciendo como presunto responsable la FBP», reza la resolución emitida por el Comité de Competición el pasado 29 de diciembre, contra la que el propio Fuentes tiene un margen de quince días hábiles para recurrir frente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El mandatario, reelegido hasta 2024 semanas atrás, confirmó a este diario que acudirá a ese organismo y agotará todas las vídas para defender su honor y el de la territorial, que argumenta un «error informático» para justificar la emisión de las licencias que son el epicentro de un caso que, con toda probabilidad acabará en un Contencioso Administrativo.
La infracción que sanciona la RFEP se circunscribe a «licencias de competición, ya que los errores se han dado en las licencias de técnicos adscritos a clubes a los que no pertenecen, por lo que no hay ninguna competición que se haya visto afectada por dichos errores», prosigue el fallo, que reitera que «los clubes asociados a dichos técnicos no solicitaron sus licencias», quedando aquellos exonerados.
Defensa
La FBP alega «errores informáticos», aunque Competición reitera que «queda demostrado que ha habido una falsificación de los documentos necesarios para la expedición de las licencias de los técnicos denunciantes», sin su consentimiento, ya que tanto ellos como los clubes a los que estaban adcritos desconocían dicha afiliación. Competición da por demostrado que ninguno de ellos solicitaron las licencias, señala una «infracción muy grave» del Reglamento cometida por la FBP, y en su representación por su presidente, que puede acarrear entre 2 y 5 años de inhabilitación, aplicando el mínimo castigo a Fuentes.