El PP se mostró este lunes comprometido con aplicar una solución «efectiva, sensata, moderada y sostenible» al problema de los hortals, los asentamientos de origen ilegal en suelo rústico. Su propuesta se opone a los planteamientos del PTI, abre la puerta a la legalización justificada de edificaciones que superen los 90 metros cuadrados y también a la construcción, dentro de los límites que establezca cada ayuntamiento en los planes especiales, de nuevos inmuebles en las parcelas vacías y en aquellas que tengan capacidad vacante.
La presidenta de la formación y candidata a la presidencia del Consell, Misericordia Sugrañes, considera que no permitir esas nuevas edificaciones supondría «privilegiar a unos propietarios frente a otros dentro del mismo núcleo» y subrayó que no se trata de promesas electorales sin fundamento, sino de recuperar lo que permitía la Norma Territorial Transitoria, que dejaba legalizar las realidades preexistentes y que el PP se compromete a devolverle la vigencia «de forma inmediata», anulando la derogación parcial aprobada por el actual equipo de gobierno.
De este modo, si el PP gobierna, los ayuntamientos podrán iniciar de oficio la redacción de los planes especiales de cada núcleo con el objetivo de legalizarlos en el menor espacio de tiempo. Cada consistorio establecerá de manera justificada los parámetros urbanísticos, manteniendo como criterio general esos 90 metros cuadrados que establece el PTI desde el año 2003.
Los populares también se comprometen a paralizar las órdenes de demolición y los expedientes sancionadores en el momento en que los ayuntamientos comuniquen al Consell el inicio de la redacción de los planes. Defienden que la legalización de la realidad preexistente es la manera de resolver un problema ambiental de primer orden, así como un problema social: «No hay que demonizar a los propietarios».