Ángeles M. Obispo Maó
La mayoría de los ayuntamientos la Isla no están adaptando sus pasos elevados y reductores de velocidad a la normativa aprobada por el Ministerio de Fomento en 2008, que regula y unifica las características técnicas de estos elementos. Los consistorios se amparan en que el nuevo código sólo es de obligado cumplimiento en las carreteras de titularidad estatal, según denuncia la agrupación de empresas de transporte ASTRAME.
El presidente de esta asociación, Cristóbal Vidal, asegura que la entidad que preside ha solicitado a los ayuntamientos de la Isla en reiteradas ocasiones la modificación de estos elementos, especialmente en algunas urbanizaciones de Ciutadella, cuya excesiva altura es tachada por Vidal como peligrosa para la circulación, sin embargo su petición apenas ha obtenido resultados. No obstante, ASTRAME reconoce el esfuerzo realizado por el Consell en esta materia. De hecho, el conseller de Movilidad, Damià Borràs, confirmó ayer que el departamento que dirige ya ha adaptado a la normativa los badenes (alrededor de una veintena) ubicados en las carreteras que gestiona, con un coste inferior a los 50.000 euros. "Ante la petición de vecinos y profesionales del transporte, decidimos asumir la recomendación de Fomento como una obligación", recalcó Borràs. Además, con el fin de unificar criterios, y facilitar a los ayuntamientos el cambio de estos elementos instalados hasta ahora a su libre albedrío, se incluirá una partida específica en el contrato de conservación de carreteras, a punto de adjudicarse (dotado con un millón de euros anuales), para que los consistorios que así lo deseen puedan financiar hasta el 50 por ciento de la adaptación de los pasos elevados ubicados en las vías de titularidad municipal. "Estas reformas no son baratas, pero sí recomendables porque unifican los criterios y porque mantienen su función que es la reducción de la velocidad y la protección del peatón", apunta Borràs.
Es Mercadal
Es Mercadal es uno de los pocos ayuntamientos que sí hace los deberes en este campo por convicción de sus responsables políticos. El alcalde de la localidad, Ramon Orfila, entiende que se trata de una medida obligatoria al ser una normativa que incide directamente en la seguridad vial. "La velocidad siempre está peleada con la seguridad y nuestra prioridad absoluta seguirá siendo el peatón. Sabemos que los reductores de velocidad son incómodos para los vehículos, pero es una cuestión de principios mantenerlos, aunque los adaptaremos", comenta. Orfila se queja, no obstante, de que la modificación representa un gasto añadido para las arcas municipales, por lo que en la actualidad los cambios se ejecutan de forma progresiva y en función de las prioridades del Consistorio.
El presidente de ASTRAME advierte además que al margen de los daños mecánicos y físicos que puedan ocasionan algunos pasos elevados en vehículos y conductores, y del gasto en combustible adicional como consecuencia de las desaceleraciones y aceleraciones, existen reductores que son hasta peligrosos para la circulación. En este sentido, asegura que estos elementos trasversales obligan a los vehículos pesados a detenerse, momento que es aprovechado por otros turismos para adelantar y crear una situación de riesgo si se desconoce que delante existe, por ejemplo, un paso de peatones.