El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) da un vuelco a la polémica sobre la cantera de Son Sintes y Valeriano Allés. Una sentencia de este Tribunal a la que ha tenido acceso este periódico da la razón al empresario ciutadellenc y le autoriza a tener en la cantera una fábrica de bloques. Éste, precisamente, fue uno de los motivos que llevó al Consell de Menorca a multar al empresario con casi 400.000 euros, y a la propiedad de la cantera a pedir el desahucio y parar así la actividad productiva de Allés.
La clave para que el Tribunal Superior haya dado la razón a Allés es la fecha en la que la propiedad de la cantera pidió la nulidad de la licencia para la fábrica de bloques. Cabe recordar en este sentido que, después que la conselleria de Industria, Comerç y Energia del Govern balear autorizara en 2004 la planta de prefabricados, la propietaria de la cantera elevó un recurso ante la misma administración el 6 de junio de 2005 entendiendo que la actividad autorizada no formaba parte de la naturaleza minera y que, por tanto, no se ajustaba a los términos del contrato que tenía suscrito con Valeriano Allés. Pues bien, la legislación marca que tras la autorización del Govern, las partes interesadas tienen un mes para recurrir el acuerdo desde el momento en que lo conocen. Y éste es el punto importante de la sentencia. La propiedad alegaba que había conocido la resolución el 6 de mayo de 2005 y que por tanto había presentado el recurso dentro de plazo.
En cambio, el empresario aportó documentación en la que demostraba que la propietaria había tenido conocimiento de la resolución antes del 6 de mayo de 2005, incluso en diciembre de 2004. El magistrado Gabriel Fiol Gomila ha dado la razón, en este sentido, a Valeriano Allés, y ratifica que el recurso se presentó de manera extemporánea (fuera de plazo), con lo cual no tenía que haber sido aceptado por parte de la conselleria de Comerç, Industria y Energía, que en cambio sí lo aceptó y en base a este recurso retiró la autorización para la planta de prefabricados. Es más, la sentencia asegura literalmente que "desde diciembre de 2004 se tenía conocimiento [por parte de la propiedad] de la resolución sobre la cual la Administración, sin ningún tipo de fundamentación, afirma que era el día 6 de mayo de 2005".
Interrogantes
Tras conocerse esta sentencia, se abren ahora una serie de interrogantes sobre la actividad de Valeriano Allés en Son Sintes. El empresario, a través de su abogado, ya ha asegurado que recurrirá al Tribunal Supremo para pedir que la orden de desahucio de la cantera de Son Sintes sea anulada. Lo hará entendiendo que la sentencia del TSJIB ratifica que la actividad de la fábrica de bloques puede considerarse como minera, lo cual implicaría, según el empresario, que estaba dentro de los parámetros acordados con la propietaria de Son Sintes y que, por tanto, no podía expulsarle de la cantera.
Por otro lado, el empresario interpreta también que la sentencia le permite recurrir ante el Consell la multa que se le impuso por la construcción de la fábrica de bloques. En este sentido, entiende que si esta instalación es considerada como minera, no tiene sentido que se le imponga una multa correspondiente al 100 por cien del valor de la construcción, sino que esta actuación solamente tendría que multarse con el cinco por ciento del coste. Es decir, esto supondría pasar de una multa que ronda los 400.000 euros a otra de 20.000.
De momento, no obstante, esta sentencia judicial está lejos aún de permitir la reapertura de la cantera de Son Sintes y su uso como zona extractiva por parte del empresario Valeriano Allés.
"Habrá acciones penales y reclamación de daños"
Si bien el empresario y su abogado estudian ahora las acciones judiciales a emprender a partir de ahora, sí está claro que la batalla en los juzgados continuará. Así, el letrado del constructor ya avanzó ayer que emprenderán acciones legales por la vía penal contra aquellos que denegaron la autorización a la planta de bloques un año después de habérsela concedido. En este sentido, el anterior conseller de Comerç, Industria y Energia es uno de los nombres que seguramente serán objeto de procesos judiciales en los próximos meses.
Igualmente, el empresario ciutadellenc tiene previsto solicitar una compensación económica en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la denegación de la autorización a la planta de prefabricados y el posterior desahucio de la cantera de Son Sintes, fuente principal de ingresos del constructor.