Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, tiene un discurso torrencial, irreverente y erudito acorde con su impresionante currículum: además de los cargos citados, dirige el grupo de estudios sobre Ciudadanía, inmigración y minorías, ha presidido hasta este mes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y pertenece a la European Academy of Legal Theory y al International Institute for the Sociology of Law. Caritas de Menorca le invitó para que diera una charla en Maó, dentro de las jornadas de Sensibilización del hecho migratorio que organiza la entidad. De Lucas pronunció en el Orfeón un discurso titulado "Igualdad para convivir".
Dígame una condición indispensable para mejorar la convivencia
Lo primero, si queremos hablar de convivencia, es comprobar si el reconocimiento de los derechos es igual para todos. Pero no hablo de la ley como un leguleyo alejado de la realidad, lo hago porque las leyes son la condición mínima para que haya igualdad. La convivencia no se consigue sólo con la igualdad ante la ley, pero ésta es indispensable para lograrla.
¿Me podría dar ejemplos?
Hay estudios que demuestran que la desigualdad está instaurada desde el nivel más básico del derecho. Los inmigrantes tienen dificultades para ejercer en sentido completo sus derechos a la sanidad, la educación o el trabajo, aunque eso no depende sólo del marco jurídico.
¿Cómo han afrontado el fenómeno de la inmigración las leyes españolas?
Se dan derechos según el estado administrativo. Eso sería inconstitucional en los ciudadanos españoles. En el marco jurídico español todas los normas van en la línea de extranjerizar al inmigrante. Es simbólico que a la Ley de Extranjería se le llame así, y no Ley de Inmigración.
A propósito, ¿qué le parece la reforma de esa norma que se aprobó en diciembre?
En ella es constatable un recorte de derechos. Por ejemplo, se aumentó la estancia máxima en los centros de internamiento y se restringió la reagrupación familiar, en un país que dice defender la institución de la familia. En general, los partidos han utilizado este asunto como un instrumento de confrontación.
¿Qué opina de las posturas favorables a reconocer derechos a quienes demuestren la voluntad de integrarse?
Es inaceptable que los derechos estén supeditados a la integración. Otra cosa es que sea beneficioso conocer el entorno en el que vives, pero eso no debe condicionar los derechos de nadie. Ya no sirve la concepción nacional de los derechos políticos.
¿Cómo ha afectado la crisis al trato que se les da a los inmigrantes?
Se está actuando como si fueran ellos quienes ponen en peligro el Estado de Bienestar. Cuando se comenzó a sentir la crisis, fueron ellos los primeros en sufrir recortes. Se está lanzando el mensaje letal de que sus derechos dependen de la coyuntura económica. Si es así, no se trata de derechos, sino de concesiones que les damos y les quitamos a conveniencia nuestra.
¿Qué podemos aprender de las políticas que han aplicado los países de nuestro entorno a este respecto?
Ningún modelo es trasplantable a España, porque en los países de nuestro entorno las condiciones han sido muy diferentes y son receptores centenarios de inmigración. Podemos aprender qué no tenemos que hacer, porque en todos esos países se han producido procesos de exclusión.
¿Es partidario de las políticas de discriminación positiva?
Sí, Aunque esté denostada, es justa si tiene una justificación razonada. Desde un punto de vista jurídico, es relevante la comunidad de origen del individuo, porque condiciona su punto de partida.