El Consell presentó esta tarde el paquete de medidas que aplicará para acelerar la reducción del déficit público y que supondrá un ahorro estimado de 2,8 millones de euros entre 2010 y 2011.
El presidente de la administración insular, Marc Pons, quien compareció en rueda de prenda acompañado por el conseller de Movilidad, Damià Borràs, y la consellera de Economía y de Medio Ambiente, Antònia Allès, avanzó que una de las acciones previstas es la reducción de los sueldos de personal al servicio del Consell entre un 0,56 y un 7 por ciento. Asimismo se bajará el sueldo al personal al servicio de las entidades públicas dependientes únicamente de la institución.
Pons indicó que las medidas que se aplicarán en el resto de organismos públicos serán consensuadas con los ocho ayuntamientos en la próxima reunión de la Junta de Alcaldes.
Por otro lado, se remodelará la estructura del gobierno del Consell de Menorca con la integración del Departamento de Ciudadanía y Familia al Departamento de Acción Social, lo que conllevará la supresión del conseller Esteve Ferrer. Además, se eliminarán seis direcciones insulares. El presidente señaló que la aplicación de estas medidas implicará un ahorro económico de 271.500 euros en 2010 y de 465.500 euros en 2011.
Otra de las actuaciones previstas es la reducción de los sueldos de los cargos políticos. En este sentido, se ha acordado rebajar el salario del presidente del Consell un 9 por ciento, el del vicepresidente un 8 por ciento y el de los consellers con responsabilidad de gobierno un 8 por ciento.
En relación a las retribuciones de los miembros del Grupo Popular, se ha decidido suprimir dos dedicaciones exclusivas (que pasarán de cinco a tres) y reducir el coste del resto de dedicaciones en un 6 por ciento.
Finalmente, el equipo de gobierno ha acordado otro paquete de medidas de austeridad que incluye la reducción de la partida destinada a los grupos políticos en un 15 por ciento, la reducción de la asignación a las organizaciones empresariales y sindicales en un 15 por ciento, la limitación de los gastos de protocolo y la reducción de las partidas destinadas a difusión y comunicación en un 15 por ciento.