Tres meses después de conocerse el fallo del TSJB que anula la adjudicación del contrato de recogida de basuras a la UTE de Ramon Bosch y que otorga el concurso a FCCSA, la resolución del caso dista de estar clara. El Tribunal Superior de Justicia no ha dado respuesta aún al escrito remitido por los servicios jurídicos municipales solicitando el aclaramiento de la sentencia, que deja en el aire la forma en que debe ejecutarse.
El fallo del TSJB concluyó que la adjudicataria, la UTE 'Tranquil·la, neta i bella, Ciutadella', no cumplía con el requisito de solvencia técnica o profesional en el momento de concurrir a la licitación. La sentencia corrigió de plano los razonamientos empleados en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, para el que la entidad adjudicataria no adolecía de falta de capacidad de obrar ni de solvencia económica, y para el que, por otro lado, ha quedado demostrado que la UTE tenía un compromiso de suscripción de una póliza de responsabilidad civil. Pese a dar la razón a FCC, el TSJB negó en la sentencia que el Ayuntamiento deba indemnizar a esta empresa durante el tiempo que el contrato ha sido ejecutado por la UTE actual. Un motivo, éste, de tranquilidad para el Ayuntamiento, según reconoce el concejal Antoni Anglada.
El edil socialista, que tras los cambios anunciados por la alcaldesa, Pilar Carbonero, en el organigrama del equipo de gobierno, delegará las competencias en su compañera de grupo, la regidora de Medio Ambiente, Margarita Seguí Enrich, reconoce que, a día de hoy, "el tema está parado, porque los jueces no nos han dado aún contestación". Anglada reiteró que la postura del Ayuntamiento será, llegado el caso, la de servir de puente entre la empresa saliente y la nueva adjudicataria del servicio, "para que todo este proceso se desarrolle de la forma más limpia y transparente posible".
Un concurso polémico
El concurso para la adjudicación del contrato de basuras se ha visto envuelto desde el principio por suspicacias de todo tipo, a causa de la polémica decisión de la mesa de contratación, que otorgó la máxima puntuación a la UTE de Ramon Bosch y Valeriano Allés, pese a no acreditar la experiencia mínima de tres años recogida en el pliego.
El concurso atrajo, además, a la anterior concesionaria del servicio, FCC, que quedó en segundo lugar, y a otras dos empresas: Neteges Urbanes de les Illes Balears SA, y Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia, Antonio Gomila SA.
El tercero , a la palestra
Precisamente, esta última empresa, Antonio Gomila SA, ha presentado recientemente un escrito ante el TSJB pidiendo que se tenga por instado incidente de nulidad de la sentencia que anuló el pasado mes de febrero la adjudicación del contrato a la UTE formada por Ramon Bosch, Gaspar Pons Vaquer y Valeriano Allés.
La empresa pide que se anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del pasado 25 de febrero. Exige, también, la nulidad de todas las actuaciones habidas en el proceso, y que se ordene, asimismo, su retroacción hasta el trámite "inmediatamente anterior" a la realización de los correspondientes emplazamientos a los distintos licitadores que tomaron parte en el concurso. Alega que ha existido "indefensión", ya que ni ella ni tampoco la UTE de la que formó parte en su día, han sido emplazados en los autos seguidos en los tribunales, "a pesar de ostentar un interés directo y legítimo en el resultado" del proceso y estar "perfectamente" identificados en el expediente administrativo. Se refiere, en concreto, a los autos instados a raíz del recurso de apelación interpuesto por FCCSA contra la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, que afirmó la legalidad del acuerdo adoptado en junio de 2005 por la Junta de Gobierno de Ciutadella. La empresa insta, por todo ello, la nulidad, no sólo de estas actuaciones, sino de las incluidas en la anterior instancia, y se dicte una nueva sentencia, "con pleno respeto del contenido del derecho vulnerado".