La comisión balear de Medio Ambiente era uno de los escollos que más temía Ports para sacar adelante su proyecto de alargar el dique de Ciutadella con otros dos cajones. Ayer, este escollo quedó prácticamente superado. El subcomité de evaluación de impacto ambiental acordó, por nueve votos a favor y cuatro en contra, que el proyecto no debía someterse a un estudio más minucioso de sus consecuencias ambientales, o lo que es lo mismo, Ports consiguió lo que quería, que su iniciativa pasara como una modificación no sustancial del proyecto inicial. Y esto fue posible a pesar de que el informe técnico de Medio Ambiente decía lo contrario.
EL INFORME JURÍDICO
De hecho, al inicio de la reunión de ayer por la mañana (que se prolongó desde las diez hasta las tres de la tarde) dos eran los informes que estaban sobre la mesa: uno técnico y otro jurídico. Este último sostenía la tesis de Ports que, como ya avanzó este periódico el 12 de junio, pretendía que la colocación de otros dos cajones en el dique fuera considerado un cambio no sustancial del proyecto. Para justificar esta medida, este documento asegura que el proyecto inicial del dique ya fue sometido a una evaluación de impacto ambiental, y que la modificación que ahora se introduce (alargar 80 metros el brazo) no es considerable si se tiene en cuenta la extensión total del dique. Además, este documento recuerda que además de colocar estos dos cajones, se elimina la escollera en el acantilado de ribera lo que supone, según esta tesis, una reducción casi a la mitad de las intervenciones en esta zona.
INFORME TÉCNICO CONTRARIO
Pero es que el informe técnico que ha elaborado la comisión balear de Medio Ambiente concluye todo lo contrario. Primero, porque la prolongación del dique aumenta en 4.000 metros cuadrados la zona de posidonia oceánica afectada, una especie protegida y de vital valor ambiental. El mismo informe también explica que hasta ahora, el plan de vigilancia ambiental que se aprobó juntamente con el proyecto original del dique no se ha cumplido. El documento aporta otros argumentos para concluir que la prolongación del dique mediante dos cajones debería ser objeto de una nueva evaluación de impacto ambiental.
Con estos dos informes sobre la mesa, llegó el momento de las votaciones. Nueve de los presentes (entre ellos la alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, y el conseller de Ordenación del Territorio de Menorca, Joan Marquès), votaron a favor de eximir el proyecto de este nuevo estudio de impacto ambiental. Otras cuatro personas apoyaron que se debía realizar este estudio, entre ellas el presidente de la comisión balear de Medio Ambiente, Ramon Orfila, y el representante menorquín del GOB, Miquel Camps.
La realización del informe de evaluación de impacto ambiental hubiera podido retrasar el proyecto de prolongación del dique más de medio año, y este fue uno de los argumentos esgrimidos por Ports de les Illes Balears (que estuvo representado en la reunión por su vicepresidenta, Antoni Armengol, y su gerente, Juan Carlos Plaza) para no realizar este trámite. También esgrimieron desde el ente público el posible perjuicio económico que podría suponer el retrasar una obra que, como aseguró en Menorca el 1 de mayo el propio conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, ya está adjudicada a Ferrovial.
La reunión de ayer no ha sido la definitiva. El próximo día 7 se reúne la comisión balear de Medio Ambiente, de la que forman parte solamente políticos. En esa sesión se decidirá definitivamente esta cuestión, aunque la norma no escrita asegura que lo que se vota en el subcomité previo es lo mismo que surge de las reuniones de la comisión.