A la vista de que la construcción de un nuevo juzgado en Ciutadella va para largo, las administraciones están pensando en alquilar un local provisional que permita solventar la falta de espacio en las actuales dependencias, de la calle República Argentina. Así lo hicieron saber ayer la consellera de Interior del Govern balear, Pilar Costa, y la alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero.
Tras visitar las dependencias, Costa y Carbonero se reunieron con los trabajadores de los juzgados, encabezados por el juez decano Sergio Martínez. Durante el encuentro, analizaron las posibilidades de trasladar alguno de los servicios de los juzgados a otras dependencias. En este sentido, la consellera de Interior aseguró que "lo ideal hubiera sido que pudiéramos disponer de algún local municipal, pero como esto no es así, optaremos por algún edificio privado en régimen de alquiler". Costa confía en que el Ministerio de Interior acepte esta propuesta. De hecho, la consellera recuerda que "existía un proyecto presupuestado por parte del Gobierno central de construcción de los nuevos juzgados, pero al no poder disponer del terreno para construirlos (por el litigio sobre la expropiación de Santa Rita), hemos tenido que optar por una opción alternativa". En la visita que realizaron Carbonero y Costa a los juzgados, pudieron comprobar de primera mano la necesidad de una mejora sustancial en las actuales condiciones de trabajo. Así, durante el recorrido percibieron la existencia de goteras, archivos insuficientes, expedientes judiciales que se deben acumular en el suelo o despachos insuficientes. Una trabajadora llegó a asegurar que "no me parece que esto esté en condiciones para albergar un juzgado". El principal problema se registra en la segunda planta del edificio, donde se ubica el Juzgado de Instrucción número 2. Tras la reunión, la consellera de Interior se comprometió a mediar con el Ministerio de Justicia en búsqueda de una solución temporal, puesto que el Govern no tiene actualmente las competencias de justicia. La solución podría pasar por un traslado parcial de los actuales servicios a un edificio de alquiler que, según la alcaldesa Pilar Carbonero, debería ubicarse relativamente cerca del actual. En favor de la iniciativa juega, según la alcaldesa, la actual situación del mercado, "que pone a nuestra disposición un buen número de locales, como se puede comprobar simplemente dando un paseo y comprobando el gran número de carteles". Ahora, según la Conselleria de Interior, se está pendiente que desde los Juzgados de Ciutadella se determine la superficie mínima que debería tener un nuevo local que, añade esta administración, seguramente acogería las dependencias del Juzgado número 2, algo que no está totalmente decidido.
Si finalmente se ubican en un nuevo local parte de las dependencias judiciales de Ciutadella, la ciudad tendría divididas estas instalaciones en tres ubicaciones: la sede actual en la calle República Argentina, el Juzgado de lo Social en la plaza del Born, y el nuevo local, aún por decidir.
"El interés general está por encima de cualquier prisa"
El proyecto definitivo para solucionar la falta de espacios judiciales en Ciutadella pasa por la construcción del nuevo edificio en el solar de Santa Rita. No obstante, la iniciativa se encuentra paralizada porque el Ayuntamiento no dispone de los terrenos, y esto es así por el largo proceso expropiatorio que aún no toca a su fin. En este sentido, la alcaldesa Pilar Carbonero asegura que "es un tema complejo, una herencia nefasta de la gestión del Partido Popular, pero yo tengo claro que defenderé el interés general por encima de cualquier prisa por construir un edificio".
El Ayuntamiento está en litigio con los propietarios de los terrenos, quienes consideran que el precio fijado para la expropiación del suelo no se ajusta a la realidad. En el plano político, el proceso expropiatorio ha enfrentado al equipo de gobierno con el PP. Los primeros acusan a los conservadores de multiplicar por cinco en su día el precio que se había decidido pagar sin contar, hasta llegar a los 60 euros por metro cuadrado, y sin ningún informe técnico que lo avalara, y usando como precedente el caso de l'Hort d'en Llinyà. El PP ha defendido su gestión, realizada cuando Antònia Gener era concejal de Hacienda.