El Consorcio para la protección de la legalidad en suelo rústico ha abierto 294 expedientes de disciplina urbanística desde su creación en 2005, de los cuales 28 han derivado en demoliciones voluntarias de obras que, en la mayoría de los casos, consisten en ampliaciones y reformas, aunque también se han demolido construcciones de nueva planta. La restitución voluntaria al estado original de los terrenos, por parte de los propietarios o promotores, supone la reducción de la sanción del Consorcio en un 50 por ciento del coste de las obras realizadas.
Según ha informado la Conselleria de Ordenación del Territorio, cuyo titular, Joan Marqués, preside el Consorcio de protección del suelo rústico, en los cuatro años y medio de funcionamiento de este organismo -que aglutina a todos los ayuntamientos de la isla aunque, inicialmente, Ferreries y Ciutadella no participaban-, de los 294 expedientes abiertos 92 fueron relativos a actuaciones ilegales y 53 fueron archivados, en la mayoría de los casos por haber obtenido la correspondiente licencia municipal.
El Consorcio centra su actividad en las labores de vigilancia y control de las edificaciones en terrenos rústicos, con el fin de detectar las posibles ilegalidades en su fase inicial, así como en el seguimiento de aquellos proyectos que han sido objeto de un expediente de legalización. En el caso de que los promotores de las construcciones ilegales sancionadas se nieguen a restituir el estado original del suelo, el Consorcio se reserva el derecho de actuar de forma subsidiaria y ejecutar las demoliciones, lo que supone para los particulares el pago del cien por cien de la multa y el coste de los trabajos de derribo.