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Es Castell clama contra el Govern

El alcalde asegura que el Ejecutivo autonómico ha dejado al municipio solo y sin financiación para la planta potabilizadora de agua, que deberá construirse mediante un préstamo a 15 años

Terrenos. El Ayuntamiento dispone de los terrenos, junto al pozo regulador de Trepucó, que cedería para la construcción de la planta - Archivo

| Es Castell |

Abandonados, tirados en la cuneta, decepcionados y sorprendidos. El alcalde de Es Castell, Juan Cabrera, y la primera teniente de alcalde, Irene Coll, no ahorraron ayer calificativos para definir cómo se sienten tras conocer que la financiación del Govern para la anhelada planta potabilizadora de agua se limitará a avalar al Ayuntamiento para que pida un préstamo a 15 años. Dicho crédito deberá ser por el coste total de la instalación, que supera los tres millones de euros tras decidirse, a propuesta de la propia Dirección General de Recursos Hídricos, que el sistema de tratamiento fuera biológico y no de ósmosis inversa, como se había previsto en el convenio firmado inicialmente en 2007.

Los socios de gobierno, PP e Independents per Es Castell (IPEC clamaron ayer contra el Ejecutivo autonómico, al que acusaron de "falta de rigor en los compromisos asumidos con una población de 8.000 habitantes, con pocos recursos económicos y que presenta el problema más acuciante de concentración de nitratos en el agua de consumo humano de Menorca", y pidieron públicamente a la Comunidad Autónoma que reconsidere su postura.

Tarifas

El alcalde aseguró que, tras el último encuentro, celebrado en Es Castell, con el responsable de la Agencia Balear del Agua, Mariano Morey, y el director general de Recursos Hídricos, Antonio Rodríguez, "no salimos de nuestro asombro". Después de tres años de reuniones y negociación, incluido un viaje a Les Borges del Camp (Tarragona), para conocer la planta desnitrificadora de aquella población, mediante el sistema biológico, el Consistorio deberá ahora decidir si sigue adelante con el proyecto financiándolo con un préstamo al cien por cien, algo que, según explicaron Cabrera y Coll duplicaría el precio actual del agua potable en la localidad.

"El encarecimiento del precio del agua para los ciudadanos sería como mínimo del cien por cien, y podría llegar al 183 por ciento, aún lo tenemos que analizar", aseguró la teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Irene Coll, quien criticó que el Govern haya resuelto el problema del elevado nivel de nitratos en los municipios mallorquines de Muro y Sa Pobla, con nuevas canalizaciones, y que la potabilizadora de Es Castell no se haya construido aún. El plazo prometido por los anteriores titulares de Medio Ambiente era julio de este año.

El alcalde manifestó que no se tomará ninguna decisión sobre la potabilizadora sin antes consultar a todos los grupos políticos del Consistorio y comunicar "a toda la población que el Govern nos ha dejado solos en este asunto".

Directiva

Según explicaron Juan Cabrera e Irene Coll, los responsables de la Agencia del Agua y de Recursos Hídricos alegaron, para cambiar la colaboración estipulada en el convenio inicial, la existencia de una directiva de la Unión Europea, de 2001, que establece que "el pago de este tipo de mejoras debe recaer en los ciudadanos".

Según el alcalde de Es Castell, a estas alturas de las conversaciones entre Consistorio y Conselleria de Medio Ambiente -ahora también de Movilidad-, "hubiera sido más honrado que nos dijeran que no tenían fondos, esto es una excusa para huir de sus obligaciones".

Anteproyecto

La potabilizadora de Es Castell es uno de esos proyectos aciagos, a los que no sólo les afecta de lleno el actual recorte presupuestario en la Administración autonómica, sino también la crisis de gobierno que llevó a la reestructuración de consellerias y a la salida de Unió Mallorquina del Ejecutivo balear.

El alcalde y la portavoz de IPEC se mostraron manifestaron ayer su voluntad de construir la planta potabilizados, con el sistema biológico -que no produce rechazos-, ya que el Ayuntamiento dispone de un anteproyecto y ha solicitado ya la declaración de interés general para dicha instalación al Consell insular. Sin embargo, la falta de recursos económicos y la incapacidad de contraer nuevos créditos pone en serio peligro esta inversión.

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