El paso de esta licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y especialista en la pena de muerte por Londres, Ginebra y Bruselas no ha conseguido borrar el acento de su Ciutadella natal. Asunta Vivó Cavaller ha trabajado en la Comisión Internacional de Juristas, en el Parlamento Europeo y en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional y esta valiosa experiencia, junto con su convicción de que "una ejecución no puede utilizarse para condenar el homicidio", le ha convertido en la candidata perfecta para formar parte de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte constituida el pasado 7 de octubre en Madrid a propuesta del Gobierno.
Vivó es la secretaria general de esta Comisión y su grupo de apoyo y no puede ocultar su satisfacción por la oportunidad que este cargo supone. "El Gobierno quería crear esta comisión y yo podía ayudar a ponerla en marcha porque necesitaban algún experto", explica con una sencillez apuntalada por la seguridad que dan sus diez años como consejera sobre la pena de muerte en AI.
Vivó explica la apuesta del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en torno a la pena capital en la universalidad de los derechos humanos y la política internacional. "El Gobierno desarrolla una política internacional y unas relaciones bilaterales con otros gobiernos u organismos internacionales que persiguen abolir la pena de muerte. Durante la presidencia española de la Unió Europea, el primer semestre de este año, esta intención era una prioridad en la política exterior porque los derechos humanos son universales y han de respetarse".
La inalienabilidad de estos derechos –son consustanciales a todas las personas, con independencia de su condición, etnia, religión u origen– justifican, según defiende Vivó, que "nadie pueda verse privado de ellos, independientemente de los delitos que haya cometido". Por supuesto, tampoco del derecho la vida, el primero y fundamental de todos ellos, lo que implica una clara censura a la pena de muerte, abonada, por otra parte, por razones de orden práctico.
"Todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y al error. Ninguno es ni puede concebirse que sea capaz de decidir de una forma justa, coherente e infalible quién debe vivir y quién morir. La conveniencia, las decisiones discrecionales y la opinión pública pueden influir en las actuaciones judiciales", argumenta la secretaria general al ser preguntada sobre si merece morir quien comete un delito horrible.
"Además, la experiencia demuestra que siempre que se emplea la pena de muerte, es posible que otras personas que han cometido delitos similares, o incluso peores, se salven. Las personas ejecutadas no son necesariamente las que cometieron peores delitos, sino las que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil para defenderlas o las que se enfrentaron a fiscales más duros o jueces más severos", añade Vivó, para quien un solo ejecutado que se revela posteriormente inocente es motivo suficiente para abolir la pena capital.