El Plan General de Ordenación Urbana de Maó también se encuentra en la montaña de expedientes por tramitar que está en manos de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Como el desmantelamiento de Cala Figuera, como otros muchos otros proyectos, el documento aún no ha salido de los dominios del menorquín Ramón Orfila, por lo que sigue encallada su tramitación, que se remonta a 2006.
El Ayuntamiento de Maó está a la espera de que el PGOU regrese de Palma con el cuño de su dictamen puesto para llevarlo a pleno y proceder así a su aprobación provisional, paso previo para que el Consell le otorgue la definitiva y lo dé por válido. La Comisión Balear de Medio Ambiente recibió el documento aprobado de forma inicial y con todas las alegaciones recogidas en junio de este año, con la esperanza de tenerlo de vuelta en unos dos meses. De momento no ha sido así, pero el alcalde Vicenç Tur comentó ayer que es probable, o al menos así le consta por las recientes gestiones realizadas, que en un par de semanas esté resuelto el trámite, "parece que está a punto de ser dictaminado".
Por tanto la esperanza del Ayuntamiento de Maó es que la aprobación provisional del PGOU se produzca en noviembre, en un pleno extraordinario si el texto llega pronto a las oficinas de la Plaça Constitució o en el pleno ordinario si la cosa se demora un poco más y se acerca a final de mes. Sea como sea, se acortan los plazos para que el planeamiento de ordenación urbana pueda estar plenamente en vigor dentro del presente mandato.
Vicenç Tur explicó ayer que la no entrada en vigor del nuevo PGOU, que rebasa ya los cuatro años y medio de tramitación desde la presentación de avance, no está afectando a la concesión de permisos de obras o a la actividad constructiva del municipio, ya que apenas hay actividad en el Departamento de Urbanismo, y la que hay se puede resolver sin problemas, "no hay proyectos parados en desmesura".
Constructores
No piensan lo mismo los representantes de la Asociación de Constructores de Baleares, que ayer se reunieron con el presidente del Consell, Marc Pons, para analizar la compleja situación del sector en Menorca. Entre otras cuestiones le plantearon que existe un problema de inseguridad jurídica por el hecho que la mayoría de los ayuntamientos de la Isla no han adaptado los respectivos planes generales y normas subsidiarias al Plan Territorial Insular, lo que ocasiona, en su opinión y según expone el colectivo en un comunicado, que se estén "paralizando licencias y deteriorando aún más la situación". Las empresas constructoras reclamaron ayer a Marc Pons que intervenga para agilizar estas adaptaciones.
Precisamente, la patronal también pidió al presidente del Consell que interceda para que la Conselleria de Medio Ambiente del Govern no paralice los informes, sobre todo aquellos vinculantes, ni agote los plazos de las respuestas.
La Asociación de Constructores de Balears (que en la reunión de ayer estuvo representada por el gerente Manuel Gómez y el vicepresidente Carles Sintes) también pide al Consell que actúe al respecto de la morosidad que los ayuntamientos mantienen con las empresas y que mantenga su esfuerzo inversor. Pons se comprometió a mantener una inversión de entre 10 y 15 millones de euros anuales. Los constructores informan que la caída de la actividad en Menorca llega a superar el 70 por ciento en un plazo de cuatro años, y que son escasas las perspectivas de futuro.
Las quejas en este sentido no son nuevas. Hace ya unos meses colectivos implicados en el sector de la construcción denunciaron el retraso en la tramitación del PGOU de Maó, que debe sustituir al vigente.