Su nombre recuerda a una partida de hundir la flota, y algo tiene que ver esta nueva zona de expansión urbanística en Ciutadella con los barcos. El B5 es el espacio comprendido entre Son Oleo y Sa Caleta, justo en frente del dique, unos terrenos que se convirtieron en edificables tras una modificación de las DOT y que el PTI consolidó en esta categoría con su primera modificación en el año 2004.
A día de hoy, el B5 sigue sin urbanizar, a pesar de que el Ayuntamiento aprobó en julio del año pasado una nueva modificación, en este caso la del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que daba vía libre a los promotores para redactar el Plan Parcial de la zona, es decir, y después de tantos planes, el documento definitivo que especifique cómo se va a urbanizar la zona y qué se va a construir. A día de hoy, la redacción de este Plan Parcial es una incógnita, si bien la modificación del PGOU ya ha despertado los recelos de vecinos y algunos sectores políticos, que no entienden cómo en esta zona se otorgan unos presuntos privilegios que no se aplican en otros lugares.
El cambio en el PGOU se aprobó por urgencia en un pleno el 23 de julio de 2009, después de que la alcaldesa socialista Pilar Carbonero incluyera a última hora el punto en el orden del día. Su socio de gobierno en el Ayuntamiento, el PSM, votó a favor a pesar de conocer la información con muy poca antelación, mientras que Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) se abstuvo y ya exteriorizó dudas razonables sobre los detalles del desarrollo urbanístico. Por su parte, el PP votó a favor de la modificación.
En los 113.355 metros cuadrados que finalmente conforman el B5 se podrán construir 114 viviendas. Es posible que ninguna de ellas sea de protección oficial. Este extremo ha sido motivo de queja por parte de los vecinos de la zona, quienes critican la modificación de la normativa que hizo el Ayuntamiento, introduciendo un apartado en el que se excluye únicamente al B5 de la obligación de construir vivienda de protección oficial en el 20 por ciento de la superficie del sector. El propio PGOU especifica que esto no será obligatorio si el Ayuntamiento lo pide y el Consell lo autoriza, y ésta ha sido la defensa de estas dos administraciones en este caso. No obstante, los vecinos siempre han criticado que desde el sector público se dejara abierta la puerta a una posibilidad que, entienden, supone un paso atrás en un hito como el de la promoción de la vivienda de protección social. No es la única queja en este sentido, puesto que también el PGOU modificado permite que los promotores no tengan que ceder el 15 por ciento de su suelo al Ayuntamiento, y que se reduzca este porcentaje hasta el 10 por cien.
A día de hoy ninguna de estas cuestiones están cerradas. Todo dependerá del Plan Parcial, recordó en su día Pilar Carbonero, cuando los vecinos de Son Oleo le comunicaron todas estas dudas. La cuestión, no obstante, es que la normativa actual sí permite estas opciones, como otras que inquietan también en varios sectores de Ciutadella.
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La propiedad valenciana toma el timón
Desde hace un tiempo, quien corta el bacalao en el desarrollo urbanístico del B5 son los empresarios valencianos que poseen la mayor parte del terreno de la zona. Según comentan varias fuentes, las sociedades CERSA e INVERSA, representadas en estas negociaciones por Josep Pons Fraga, han acabado por coger el timón de una negociación en la que otros propietarios aseguran sentirse poco informados y algo discriminados. El punto de inflexión en este sentido fue el cambio de representación de estas dos sociedades, cuando los valencianos dejaron de actuar mediante otros propietarios y se decantaron por Pons Fraga.
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