La Policía Nacional ha interrogado este mediodía en Madrid, a partir de las 12.00 horas, al responsable de Trapsa Yates, Gonzalo Pascual, en calidad de imputado en el marco de la Operación Mar Blau, que investiga una presunta trama de concursos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares a la empresa Trapsayates para la gestión de los amarres del Puerto de Maó.
Así lo han informado a Europa Press fuentes policiales, que han señalado que, tras el interrogatorio, Pascual continúa imputado en esta Operación, que se ha saldado con un total de nueve personas imputadas, entre las que destaca el socio de Pascual y presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, quien también ha sido interrogado esta mañana.
Tanto Pascual como Díaz Ferrán Díaz Ferrán han sido interrogados en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia este grupo de empresas, perteneciente al grupo Marsans.
Las citadas fuenets han señalado que, tras interrogar a los nueve imputados, entre los que también se encuentran el presidente y ex-presidente de la Agencia Tributaria de Baleares, Francesc Triay, y Joan Verger, respectivamente, ya no están previstas nuevas declaraciones ante la Policía Nacional, por lo que el juez redactará el atestado la próxima semana.
De este modo, han indicado que la Operación, durante la cual no se ha producido ninguna detención, se dará por cerrada la próxima semana a nivel policial, por lo que, a partir de entonces, quedará en manos exclusivamente de la autoridad judicial.
Durante esta mañana, también prestó declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares el ex presidente de la APB, Joan Verger, también como imputado, ya que bajo su mandato se habrían producido las principales irregularidades investigadas en estas diligencias, que indagan la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de estas adjudicaciones.
Durante este jueves fueron interrogados varios técnicos de la APB mientras que por la tarde depusieron el actual presidente de Autoridad Portuaria, Francesc Triay, y el director de esta entidad, Ángel Matías, todos ellos como imputados.
Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y Ángel Matías con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.
Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. La concesión pasaba por la gestión de los atraques por parte de Trapsa durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora.