La historia se repite. El Govern balear ha redactado un segundo proyecto de decreto para agilizar varios procedimientos administrativos en materia turística que vuelve a invadir las competencias propias del Consell de Menorca.
Así lo manifiesta el Consell Consultiu, en un informe al que ha tenido Ultima Hora Menorca, al advertir al Ejecutivo autonómico que «en las competencias atribuidas como propias a los Consells Insulars, éstos ejercen la potestad reglamentaria».
Este dictamen del máximo organismo jurídico de la Comunidad Autónoma, que tiene carácter preceptivo pero no es vinculante, ha sido emitido con carácter desfavorable para el segundo decreto del Govern balear que debe facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de servicios turísticos, regular la declaración responsable y simplificar los procedimientos administrativos turísticos.
El Consell Consultiu, en su dictamen, concluye que debe garantizarse la potestad reglamentaria de los Consells Insulars, tras explicar que «en las competencias que los Consells hayan asumido como propias, el Govern balear podrá establecer los principios generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los Consells».
También advierte que «teniendo en cuenta que la norma proyectada no es suficientemente explícita, hemos de señalar que la materia sobre la que trata del proyecto de decreto no es otra que la ordenación turística, materia que está atribuida como propia a los Consells Inulars por el artículo 70.3 del Estatut d'Autonomia de les Illes Balears». El primer decreto del Govern balear para la unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turística (60/2009, dictado por el entonces conseller de Turisme, Miquel Nadal) fue impugnado por el Consell de Menorca.
Contencioso del Consell
El presidente Marc Pons ordenó en diciembre del 2009 la interposición de un recurso contencioso-administrativo para salvaguardar la autonomía de la institución menorquina. Expuso que en materia de competencias propias de los Consells, su facultad reglamentaria es plena, y que había sido vulnerada.
El Consell Consultiu ya emitió entonces un dictamen desfavorable a aquel Decreto 60/2009, que fue denominado 'decreto Nadal'.
Ahora, ante el proyecto del segundo decreto señala que «se trata de aprobar un nuevo texto sin dudas de legalidad, y de acuerdo con la regulación competencial establecida en el Estatut d'Autonomía vigente». En las consideraciones jurídicas expone que «la aprobación del Decreto 60/2009 ha producido un conflicto competencial que ha dado lugar a la interposición, por el Consell de Menorca, de un recurso contencioso administrativo, al entender que el Govern se extralimita en sus competencias al invadir las que corresponden a los Consells Insulars, según el Estatut».
El Consell Consultiu reproduce buena parte de la doctrina con la que sustentó el informe desfavorable al primer decreto: «no se ajusta a derecho el proyecto de decreto, que se devuelve al Govern balear».
También invoca el organismo consultivo un dictamen emitido en junio pasado, relativo a las directrices de coordinación, de forma que el Estatut atribuye al gobierno autonómico la facultad de coordinar la actividad de los Consells en todo aquello que pueda afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma, está afrontando un tipo de poder jurídico que no debe confundirse con el poder reglamentario».