Las alegaciones presentadas por la UTE Torrent Coll, Edificaciones Ramos y Contratas Bartolomé Ramón contra la rescisión del contrato de Can Saura por el incumplimiento reiterado de los plazos de ejecución de la obra va a añadir, sin duda, más fuego a la caldera del caso Nerer.
En el escrito registrado por la UTE el pasado 18 de enero, firmado por el representante de las empresas y un abogado, las tres constructoras a las que se adjudicó la obra denuncian que "responsables políticos" del anterior consistorio habrían impuesto durante la pasada legislatura la condición a la UTE adjudicataria de que las obras fueran ejecutadas por la sociedad Obres Vinent Juanico SL, administrada por el constructor ciutadellenc Ildefonso Vinent. En concreto, en un párrafo de la alegación, la UTE señala, literalmente, que "es también curioso que, lo que inicialmente se nos dijo que era una condición de los responsables políticos del Ayuntamiento para otorgarnos la subcontrata –que la obra la ejecutase Obres Vinent Juanico SL–, ahora se quiera utilizar como excusa para resolverla".
El dato no ha pasado desapercibido para el concejal de UPCM, Joan Triay, que, en una moción que presentará al próximo pleno, pide que se remita a la Fiscalía Anticorrupción una fotocopia compulsada del escrito registrado de entrada por la UTE con fecha de 18 de enero.
El administrador único de Obres Vinent Juanico SL es el conocido constructor Ildefonso Vinent Bosch, el misterioso "señor V" al que se refirió en su día Unió des Poble de Ciutadella al difundir, en julio de 2009, el resultado de la investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Winterman, que descubrió la existencia de un complejo entramado de relaciones políticas, personales y sociales alrededor de la persona del expresidente del PP-Ciutadella y exconcejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas.
Los portavoces de UPCM, PSOE y PSM-EN entregaron el dossier a la Fiscalía Anticorrupción como ampliación de los datos aportados en septiembre de 2008, que fueron recopilados por la comisión informativa especial del caso Nerer.
Según esta investigación, Casasnovas habría urdido, con la colaboración de algunos ediles del actual Grupo Mixto y de varios socios, entre ellos su cuñado y el "señor V" –alter ego de Ildefonso Vinent–, al que se atribuye en este trabajo su papel de "testaferro" del expresidente del PP-Ciutadella, una "trama societaria" con el fin de enriquecerse "ilícitamente". La actividad de la empresa mencionada por la UTE de Can Saura en su escrito de alegaciones, Obres Vinent Juanico SL, no escapó tampoco a la mirada telescópica de los detectives privados.
"Gravedad"
En el texto de la moción a la que acaba de dar forma Joan Triay, el portavoz de UPCM destaca la "importancia" y la "gravedad" de la afirmación contenida en las alegaciones de la UTE. Triay denuncia que, en este caso, "si bien se habrían guardado aparentemente las formas al adjudicar el contrato a través de un concurso público [la cuantía importaba la cifra de 2.835.524,28 euros], por otra parte ya 'inicialmente' se habría impuesto desde el principio por parte de determinados 'responsables políticos' la condición ilegal de que las obras fueran 'ejecutadas' por Obres Vinent Juanico SL".
El edil de UPCM recuerda que imponer este tipo de condiciones en la concesión de contratas o de subcontratas "es completamente ilegítimo", por cuanto "nos hallaríamos ante el equivalente, `de facto', a una adjudicación directa de cerca de tres millones de euros". "Nos hallaríamos –insiste Triay– ante un subterfugio mediante el cual 'responsables políticos del Ayuntamiento' habrían arbitrado a su capricho lo que les está vetado por imperativo legal; estaríamos ante lo que coloquialmente se llama 'elegir a dedo' quién tenía que 'ejecutar' unas obras contratadas por 2.835.524,28 euros".
UPCM considera que las afirmaciones efectuadas en el escrito de alegaciones presentado ante el Ayuntamiento por la adjudicataria del Palau Saura Miret "podrían contribuir al esclarecimiento" de los hechos investigados en su día por la comisión del caso Nerer. Entiende que "contiene en sí mismo indicios de presuntas irregularidades que entrarían de lleno en el ámbito competencial de la Fiscalía Anticorrupción". Pedirá, por ello, al pleno que adjunto a la moción se envíe al fiscal el texto que contiene la afirmación de la UTE.