El presidente del Consell Marc Pons valoró ayer como "muy positivo" el nuevo decreto turístico aprobado por el Govern que desarrolla la ley 4/2010 de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears aprobado por unanimidad en el Parlament. El nuevo reglamento deroga el decreto Nadal que en su día fue impugnado por la institución insular al entender que invadía competencias de los consells al margen de lo que establecía el Estatuto de autonomía.
Marc Pons recordó al respecto que el decreto Nadal limitaba además la reconversión de los anexos de agroturismos o casas rurales como los "boers" en alojamientos turísticos y anulaba igualmente la figura de los campings. Para el presidente insular, este "cambio de actitud" del Govern supone un reconocimiento a la capacidad reglamentaria de los consells en materia de ordenación turística.
"Es un paso dado entre todos que agilizará la Administración y establece la declaración de responsabilidad del promotor para favorecer las actuaciones que pretenda llevar a cabo", comentó. Pons anunció que ha dado órdenes a los servicios jurídicos de la institución insular para retirar la impugnación al decreto Nadal.
El nuevo reglamento turístico "de principios generales" que desarrolla la ley 4/2010 y en cuya elaboración han participado de forma activa los Consells se basa según el Govern en tres objetivos: la simplificación y agilización, la seguridad jurídica y la incentivación económica.
Así, elimina como requisito previo la declaración de uso turístico, lo que dará agilidad a la tramitación de los expedientes y también se facilita la libertad de establecimiento y de prestación de servicios turísticos (con la reducción de requisitos obligatorios).
El decreto, en palabras del Ejecutivo autonómico incentiva igualmente la inversión privada y la renovación de la planta de alojamientos turísticos, así como la reconversión hacia un modelo más competitivo. Entre las novedades, además de reconocer la capacidad reglamentaria de los consells en materia de ordenación turística y de establecer los requisitos básicos de los alojamientos rurales, también regula la protección al turista como consumidor.