El que fuera presidente de Autoridad Portuaria de Balears durante la pasada legislatura del PP, Joan Verger, ha defendido en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Mar Blau que, en el seno del concurso para la adjudicación de amarres del puerto de Maó, medió entre las licitadoras Trapsayates y el Club Marítimo de Mahón debido a las presiones políticas que entre 2004 y 2005 se generaron para que ganara la entidad menorquina.
"Hicieron causa común todas las fuerzas sociales y políticas de Maó, independientemente del partido político al que pertenecían", ha incidido Verger durante su comparecencia, en la que ha aseverado que en torno a este proceso se creó un "clima político inmenso" y una situación "difícil de soportar", por lo que procedió a buscar una solución a este problema "dentro de la Ley", según ha precisado.
Para ello, ha recordado que preguntó a Trapsa si, en caso de que resultara ganadora, estaría dispuesta a negociar con el Club Marítimo de Mahón una renuncia del concurso. "Sólo quería solucionar el problema político y nada más, no quería ningún provecho personal ni de nadie", ha asegurado, apuntando al entonces alcalde de Maó, Artur Bagur, la ex presidenta del Consell de Menorca, Joana Barceló, y el ex presidente del PP menorquín, José Manuel Lafuente, como algunas de las personas que ejercían las presiones.
Verger, quien se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares y de la acción popular, ha asegurado que propuso a Trapsa renunciar "a cambio de nada", si bien las investigaciones apuntan a que Trapsa -a través de la empresa Teinver- y el Club Marítimo de Mahón firmaron un contrato para que éste resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación.
Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato. Al respecto, el encausado ha manifestado que "veía normal" que al conglomerado de empresas del que era propiedad Gerardo Díaz Ferrán se le compensara tras su renuncia con el pago de los gastos a los que había hecho frente para presentar su oferta al concurso.
AJENO A LAS PUNTUACIONES
"Nunca he hablado con ningún miembro de ninguna comisión técnica para influir sobre las puntuaciones", ha aseverado en cualquier caso el ex presidente de la Autoridad Portuaria, quien, al ser inquirido sobre por qué no solucionó el conflicto político generado y "pasó la patata caliente" a su predecesor en el cargo, Francesc Triay (PSOE), ha explicado que "no pudo" porque Trapsa era el que tenía la máxima puntuación y si no renunciaba, no se le podía adjudicar al Club Marítimo de Mahón.
Finalmente, ha manifestado que no resolvió el concurso, que finalmente fue adjudicado en 2008 a Trapsa, bajo la presidencia de Triay (PSOE), porque "no había plazo", según le transmitió la asesoría jurídica de la Autoridad Portuaria. Además, ha asegurado no haber mantenido ningún contacto con Díaz Ferrán en el marco de estas negociaciones.