El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Consell a indemnizar a Cesgarden, una promotora que en junio de 1999 pretendió construir un hotel de 5 estrellas en primera línea de mar en Son Bou. El importe de la indemnización se estima, como mínimo, en 35 millones de euros, a los que habría que incrementar varios millones en concepto de intereses. La sentencia reconoce la potestad del Consell de ordenar el territorio y la validez del PTI, sin embargo, a continuación establece los derechos de los promotores.
Siteme Menorca era propietaria de una parcela de 30.807 metros en Son Bou, calificada como suelo urbano y apta para la construcción de un hotel. El terreno se vendió a Cesgarden, un grupo hotelero, dueño de Marinda Garden en Cala en Bosc. En 1999 se iniciaron los trámites para la construcción de un hotel de 5 estrellas. Los propietarios adquirieron otra parcela adjunta de 22.500 metros, ya en Sant Jaume, y además unos terrenos rústicos de más de 7 hectáreas, de la finca Sant Jaume de Dalt, en los límites de la urbanización. Todo ello mientras negociaba con la administración. Los planes quedaron bloqueados por la norma cautelar, mientras se redactaba el PTI.
Los promotores no han conseguido la suspensión del acuerdo de aprobación del PTI, del 25 de abril de 2003, pero han visto aceptada por el Tribunal Superior de Justicia casi la integridad de su reclamación patrimonial, que los demandantes cifraban en 39,5 millones de euros.
La indemnización de 35 millones se desglosa de la siguiente forma: 16 millones corresponden a la pérdida de 128 plazas hoteleras, ya que el Consell limitó a 600 plazas el hotel en la nueva ubicación de la zona urbanizable; 11 millones es el coste de compra del suelo rústico, que reemplaza las dos parcelas urbanas en primera línea de mar; 8,4 millones por el 10 por ciento de aprovechamiento medio de los nuevos terrenos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; y 146.266 euros por los costes de redacción de proyectos y tramitaciones urbanísticas. Los importes de la indemnización son el resultado del informe de un perito judicial. El Tribunal solo concreta el que corresponde a las plazas hoteleras perdidas, mientras que con el resto apunta que las cantidades pueden ser superiores, ya que habrán de actualizarse con los costes definitivos cuando concluya todo el proceso urbanístico.