La sentencia que condena al Consell a indemnizar con 35 millones de euros a la promotora Cesgarden (16 millones que concreta el fallo por la pérdida de plazas turísticas y el resto resultante de la compra de los nuevos terrenos rústicos, el aprovechamiento cedido al Ayuntamiento y el coste de la redacción de proyectos y de su tramitación) no ha dejado indiferente a otros promotores que mantienen litigios abiertos en la zona de Son Bou. Así, el administrador de la sociedad Princesa Son Bou, Agustín Seguí, consideró ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) "es hacer justicia, y entiendo que los propietarios tengan una pequeña satisfacción, después de tantos años de haber realizado una inversión y de haber sufrido la inseguridad jurídica creada por los actuales gobernantes".
La promotora Princesa Son Bou mantiene dos contenciosos abiertos contra el Consell por la aprobación del Plan General de Alaior y por el traslado de los derechos edificatorios desde una parcela próxima al mar a suelo rústico situado, recordó Seguí, junto a la depuradora. La sociedad cuenta con una sentencia a favor, por lo que debe recibir una indemnización de 3,3 millones de euros (en abril de 2010 el cálculo ya se elevó a unos 5 millones con los intereses sobre el capital inicial reconocido por el TSJIB) y todavía aguarda su ejecución. "En estos momentos estamos esperando la ejecución de la sentencia, el Consell solicitó un informe pericial y hay que esperar a las valoraciones de los jueces", señaló el promotor.
En cuanto a la tramitación del plan parcial de las parcelas a las que se trasladaron los derechos, Seguí manifestó que "se olvidaron de la ley" que establece que es el propietario del 60 por ciento del suelo quien debe iniciar la constitución de una junta de compensación, y la propiedad recae en otra promotora, Edivissa.
Los ánimos de este empresario parecen lejos de aplacarse y los casos de Cesgarden y Princesa Son Bou tienen, a su juicio, "consecuencias terroríficas por el simple capricho de estos señores", como es el posible pago de indemnizaciones a cargo de las arcas públicas y el rechazo de "establecimientos de máxima calidad que podían haber dado trabajo a muchas personas, es lamentable que con el discurso del turismo de calidad se impida hacer un hotel de 5 estrellas". El proyecto original de Princesa Son Bou era un alojamiento de 5 estrellas visado en abril de 1999 por el Colegio de Arquitectos.
"La sentencia no cuestiona que el Plan Territorial pueda realizar cambios, pero esos cambios tienen sus consecuencias y es lógico que se tenga que indemnizar a alguien que compró un solar urbano, con todas las instalaciones ejecutadas, y ahora se ve obligado a comprar otra parcela que tendrá que urbanizar", remachó el administrador de Princesa Son Bou.