El Tribunal Superior de Justicia de Balears se ha cansado de esperar a que el secretario del Ayuntamiento de Ciutadella atendiera una petición de información remitida al funcionario desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y ha decidido imponerle una sanción económica de 600 euros.
Así lo dicta una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, fechada el pasado 17 de enero, y que pone fin a un proceso iniciado el 24 de septiembre del año 2010.
Por ese entonces, el Tribunal instruía una denuncia de unos particulares contra el Govern balear por un caso de expropiación. Una de las pruebas que se solicitaron en este proceso fue la confirmación de la calificación urbanística de los terrenos expropiados, para lo cual se solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Ciutadella, administración que controla las usos urbanísticos de los terrenos de su municipio.
Así, desde el Tribunal se remitió un oficio al Consistorio, que fue recibido el 1 de octubre de 2010, solicitando, según figura en la providencia, "la cumplimentación de la documental en los términos interesados". Es decir, que atendiera la petición y confirmara la calificación urbanística de los terrenos.
Ante la falta de respuesta por parte del Consistorio, y concretamente del secretario, el Tribunal reiteró su oficio el 16 de febrero de 2011, y más tarde el 8 de noviembre.
Según la providencia, "ha transcurrido más de un año y todavía no ha sido cumplimentada esa documental, lo que constituye una vulneración de lo dispuesto en el artículo 332 de la LEC sobre el deber de las administraciones a expedir certificaciones y testimonios, habiendo causado además un retraso y una dilación en el procedimiento".
Como consecuencia de esta valoración, el Tribunal Superior impone la sanción de 600 euros, que debe ser abonada en un plazo máximo de quince días, y además, obliga al secretario a atender la petición de colaboración del Tribunal en un plazo también de dos semanas, advirtiéndole que de no obrar así, se remitirá la situación al Juzgado Decano de Ciutadella por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad.