El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma sacará a subasta el miércoles la principal vivienda del expresidente del Govern Jaume Matas, popularmente conocida como 'palacete', así como otras dos fincas con las que garantizó el préstamo que la entidad bancaria le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena -posteriormente rebajada a 2,5 millones.
La puja fue fijada para el 25 de febrero después de que el banco presentase un escrito ante el Juzgado debido a que el principal imputado de esta causa no haya abonado los más de cuatro millones que le adeuda a raíz del préstamo. La subasta coincide con la celebración del primer juicio del caso Palma Arena, en el que Matas se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel y 25 de inhabilitación.
Tal y como ya avanzaron fuentes jurídicas a Europa Press, el exministro de Medio Ambiente no ha hecho efectivo el pago de la cantidad que debe, de forma que, tras así haberlo solicitado el Banco de Valencia, el Juzgado sacará a subasta no sólo el 'palacete', ubicado en la céntrica calle Sant Feliu, sino también un inmueble que el expresidente del PP balear posee en La Rambla además de un local situado en la calle Sant Miquel.
Fue el pasado mes de mayo cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.
Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.