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Parlament

El PSOE pide que el Govern pague la desaladora de Ciutadella

Los socialistas pretenden garantizar un precio del agua de acuerdo con las tarifas existentes en el resto de municipios de Balears.

Desaladora. La planta está acabada y ya ha superado varias pruebas, pero no produce porque los tubos no llevan el agua a ningún lado - Paco Sturla

| Ciutadella |

El Grupo Socialista en el Parlament ha presentado una proposición no de ley a través de la que insta al Govern a participar económicamente en los gastos de inversión y explotación de la desaladora de Ciutadella con la finalidad de garantizar un precio del agua de acuerdo con las tarifas existentes en el resto de municipios de Balears.

En esta proposición, presentada el pasado día 8 por el diputado menorquín Damià Borràs, la formación recuerda que la responsabilidad del Ejecutivo autonómico es velar por el principio de equidad en la repercusión a los consumidores de los costes de construcción y explotación de la desaladora para que estos puedan disfrutar del agua potable a un precio asequible.

Borràs ha criticado este martes que este principio de equidad se ha incumplido porque el Govern participa económicamente en la amortización de los gastos de construcción y en los costes de explotación de las estaciones desaladoras de Formentera, Alcúdia, Andratx, Eivissa- Sant Antoni y la bahía de Palma.

El diputado menorquín registró esta proposición antes de que se anunciara que el Govern y el Ministerio de Medio Ambiente están trabajando conjuntamente para hacer llegar el agua desalada al mayor número de municipios de Menorca.

En este aspecto, Borràs ha señalado que el PSOE está abierto a apoyar aquellas medidas que supongan resolver definitivamente tanto el agravio comparativo que sufre Ciutadella, como el problema de contaminación de los acuíferos.

No obstante, ha advertido que el proceso para planificar y ejecutar este proyecto será largo, motivo por el cual ha insistido en que, hasta que no se resuelva definitivamente, el Ejecutivo autonómico debe cumplir con su obligación de garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos.

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