El Parlament balear debate hoy una interpelación socialista dirigida a analizar la reforma laboral aprobada por el Gobierno central y las consecuencias que, según denunció ayer la diputada Joana Barceló, traerá consigo: un aumento de la exclusión social y la desprotección de dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración.
Los primeros, porque los incentivos para contratarles no están vinculados a la mejora de su formación, aseveró, y porque el nuevo contrato de prueba para empresas de menos de 50 empleados, que no dará lugar a indemnización si hay un despido y que podrá encadenarse hasta tener una duración de tres años, según Barceló, es "más cutre aún" que los actuales contratos temporales.
En cuanto a los parados que llevan al menos un año inscritos en el servicio de ocupación y no han encontrado trabajo -los denominados de larga duración-, serán "cada vez más difíciles de recolocar" porque, según declaró la diputada socialista, los incentivos a la contratación dan prioridad a aquellos que cobran una mayor cantidad de prestación por desempleo y llevan menos tiempo en el paro.
Se trata de una "discriminación", afirmó Barceló, que se produce de manera indirecta, ya que el empresario tendrá una deducción fiscal del 50 por ciento de la cantidad que cobra el trabajador al que saca de las oficinas del paro. "Y el Estado también ahorrará dinero en prestación", señaló la parlamentaria menorquina, por lo que resultará menos ventajoso contratar a aquellos que llevan más tiempo en paro y han agotado su prestación o cobran una cantidad inferior.
Barceló considera, y así lo defenderá ante la Cámara balear, que la Administración, en concreto el Govern, debe ser capaz de articular programas de apoyo para estos dos colectivos de trabajadores.
Pobreza y conflictividad
A medida que se desgranan los detalles de la reforma laboral ya en vigor, los socialistas afirman descubrir un "componente ideológico" y "parece que los derechos luchados y ganados durante tantos años caen", manifestó la diputada. "Nos preocupa extremadamente, porque es una reforma que profundiza en la crisis social, en la exclusión".
La reforma supone, añadió, "un paso atrás de la Administración" y un traspaso "de la responsabilidad total de la creación de empleo a los empresarios".
Tanto Barceló como el diputado menorquín en el Congreso, Guillem García Gasulla, consideraron que no habrá cambios fundamentales en la reforma laboral cuando pase por las Cortes, donde simplemente requerirá de la convalidación de la mayoría parlamentaria del PP. "Empeorarla es difícil", declaró la exconsellera de Trabajo del Govern, quien consideró necesario realizar "una llamada a la concertación" y a retomar el diálogo social porque, añadió, tal y como se ha aprobado la reforma traerá "más pobreza y conflictividad, y eso no generará confianza en nuestra economía".
Considerando las presiones de la Unión Europa y de los organismos internacionales, Barceló opinó que "había margen para una reforma diferente, ¿por qué se tienen que meter los mercados en la indefensión del trabajador?", se preguntó, al tiempo que señaló que "es imposible tener ya más flexibilidad, se eliminarán trabajadores de manera discrecional para sustituirlos por los que tienen despido a coste cero, y no ganaremos competitividad sino más fractura social y pocas expectativas para los jóvenes".
Entre las modificaciones introducidas con la reforma laboral que merman, según el PSOE, los derechos de los trabajadores, Barceló enumeró la posibilidad de despedir por coger 9 días de baja justificada en dos meses, algo que, afirmó, va en contra "de los más débiles"; la ampliación de las causas objetivas de despido procedente, como es la previsión de pérdidas o descenso de ingresos; la "facilidad de descuelgue unilateral" de los convenios colectivos; y "la privatización de la intermediación laboral", que a partir de ahora recaerá en las Empresas de Trabajo Temporal.