Los múltiples frentes judiciales que Valeriano Allès mantiene abiertos no dejan de aportar novedades. Si ayer este periódico adelantaba que el Consell devolverá 470.000 al empresario ciudadelano en cumplimiento de una decisión judicial que apuntaba a un proceso sancionador incorrecto en las formas por parte del Consell, una nueva sentencia ratifica ahora que la institución insular actuó correctamente paralizando la fabricación de bloques de hormigón en Son Sintes.
Para aclarar el contexto, cabe recordar que el Consell actuó contra el empresario de Ciutadella por poner en marcha en la cantera una instalación para fabricar bloques. Por un lado, se instruyó un expediente sancionador que acabó con la multa de 390.000 euros que ahora será devuelta al empresario por la intervención incorrecta, según los tribunales, de Marc Pons en este proceso.
Por otro lado, el Consell ordenó la paralización de la actividad de esta planta de bloques y la restitución del terreno a su situación anterior a la construcción de esta instalación. Es en este segundo proceso en el que el Juzgado Contencioso Administrativo da la razón al Consell y avala su actuación, desestimando hasta nueve argumentos del empresario para poner en entredicho a la institución insular.
El magistrado Francisco Úbeda Tarajano desestima la petición de Allès para frenar el proceso que le obliga a restituir Son Sintes al estado anterior a la construcción de la planta. Lo hace avalando, primero, la decisión del Consell de subrogarse las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Ciutadella para actuar en este caso. En este sentido asegura que desde el Consistorio de Ciutadella se demostró "pasividad" en este caso. El juez también niega que el empresario estuviera jurídicamente indefenso, y entiende que las obras que Allès defiende "son ilegalizables", puesto que el Plan General de Ciutadella no las permite en los terrenos de Son Sintes.
Tras negar la caducidad del expediente de disciplina urbanística y la supuesta incompetencia del organismo que ha tomado la decisión, el magistrado vuelve a insistir en que la planta de fabricación de bloques es ilegalizable, asegurando que no se puede entender que la instalación sea una planta de beneficio de un recurso minero. Este punto de la sentencia es importante, puesto que es el sustento de Valeriano Allès en otro procedimiento judicial paralelo.
El empresario defiende que la planta de bloques tiene cabida en Son Sintes precisamente porque la considera una instalación de beneficio, un tecnicismo que permitiría la ubicación de la planta en la cantera.
El último episodio judicial en este frente fue una victoria para el empresario, puesto que declaró como improcedente un recurso que precisamente sirvió para dejar sin efecto la declaración como instalación de beneficio que inicialmente había obtenido Valeriano Allès de manos del conseller Josep Juan Cardona.
Este frente judicial está ahora en el Tribunal Supremo, puesto que el empresario entiende que la declaración de instalación de beneficio está vigente, y que por tanto la orden para que abandone la cantera queda sin efecto. Habrá que ver si esta última sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo tiene alguna influencia en la decisión de este Tribunal.
Volviendo a la sentencia en cuestión, el juez concluye que las demandas de Valeriano Allès para frenar la restitución del terreno de Son Sintes a su estado original no tienen sustento, y da la razón al Consell. El empresario puede recurrir esta decisión.
El PSOE, "preocupado" por la devolución de la sanción y crítico con la lentitud del PP
El conseller del PSOE, Joan Marquès, anterior responsable de Ordenación del Territorio en el Consell, expresó ayer su "preocupación" por la noticia adelantada por este periódico sobre la devolución de 470.000 euros a Valeriano Allès, una decisión tomada en base a una sentencia judicial que concluye que el proceso sancionador tuvo defectos de forma por la intervención del expresidente Marc Pons.
Marquès entiende que "la opinión pública puede estar hoy preocupada porque alguien que ha infringido claramente la normativa parece que sale vencedor. El equipo de gobierno debe clarificar por qué devuelve ahora la multa, y sobre todo, desvelar cuál será la actuación en este expediente urbanístico. Debe quedar clara la vocación de la Administración de preservar la legalidad urbanística, y a día de hoy, por lo visto en los medios de comunicación, no lo está".
El conseller critica además la lentitud del actual equipo de gobierno en culminar el expediente sancionador a Valeriano Allès. Así, recuerda que, tras la primera sentencia que consideraba incorrecto el proceso por la intervención de Marc Pons y una funcionaria instructora del expediente, existe una segunda, del mes de noviembre, que deja claro que la instrucción del expediente ha sido correcta, y que el error está en la intervención de Marc Pons en el momento de rubricar la sanción, puesto que, según el juzgado, existe una enemistad manifiesta entre Pons y Allès
. En base a esta segunda sentencia, Joan Marquès entiende que "el Consell debería haber actuado inmediatamente tras conocer esta sentencia y culminar el proceso sancionador con la intervención de otra persona en el lugar de Marc Pons. En cambio, desde noviembre y hasta ahora lo único que conocemos del equipo de gobierno es su decisión de devolver al empresario el dinero que éste pagó en 2008 por la multa que se le impuso".
Marquès pide al equipo de gobierno que aclare todas estas cuestiones, "puesto que si hacen declaraciones sobre la devolución del dinero, es su obligación también dejar claro que el proceso sancionador sigue su trámite. Si no fuera así, sería gravísimo".