El 11 de abril de 2008 es una fecha grabada en la memoria de David Espinoza y Paola Mendoza. Fue el día en el que firmaron, en una notaría de Alaior, la compra de su vivienda -un piso en la avenida Virgen de Monte Toro de la misma localidad-, y el correspondiente crédito hipotecario.
Con dos nóminas, juventud e ilusión, en aquel acto frío y formal nunca escucharon pronunciar las palabras "responderán con sus bienes presentes y futuros" ni se percataron de que la letra pequeña de aquel contrato les comprometía de por vida, sin posibilidad de tener una segunda oportunidad.
El 20 de abril de 2012 también será otra fecha difícil de olvidar para este matrimonio, porque es el día previsto para que se subaste su vivienda, al no haber podido pagar las cuotas del préstamo, de 635 euros mensuales.
Si el piso se vende por debajo del importe de la hipoteca, 175.000 euros, David y Paola perderán su casa, serán desahuciados junto a sus dos hijas de 12 y 7 años de edad, y seguirán endeudados con el Banco Santander Central Hispano, que en su día tasó la vivienda en 220.000 euros (tasación por la que pagaron 350 euros) y les concedió el crédito.
Como avalista actuó la madre de David, sin patrimonio pero con una nómina, quien ahora también está atrapada en la deuda hipotecaria.
De sueño a pesadilla
La pesadilla, como para muchos miles de hipotecados, comenzó cuando los ingresos familiares cayeron, primero por la reducción de jornada y luego por la pérdida del empleo. Empezaron las dificultades para abonar las cuotas y unos meses después ya no pudieron pagar más. Antes habían firmado un préstamo personal con el mismo banco para poder afrontar la deuda, a un interés más elevado, del que tampoco pudieron responder.
Hasta febrero de 2012 las cuotas impagadas sumaban 11.000 euros, a los que se añaden intereses, gastos y costas de todo el proceso, incluida la subasta. Una espiral que, según explicaron ayer los afectados, el banco ha rechazado detener, pese a que la pareja ahora ha recuperado sus ingresos, tiene trabajo y voluntad de seguir pagando; demasiado tarde, la ejecución hipotecaria se inició tres meses después de dejar de abonar las cuotas y desde la entidad no se acepta la dación en pago como solución, ni tampoco se ofrecen alternativas como las que plantean las plataformas contra los desahucios, el alquiler social.
"Pensábamos que se podría devolver la vivienda, nunca nos imaginábamos algo así", aseguró David. Él y su esposa son originarios de Ecuador, un país en el que la normativa hipotecaria, como en otros estados americanos y algunos países europeos (Alemania y Francia), permite saldar la deuda con la vivienda en caso de no poder pagarla.
"Nos queremos quedar aquí, en Alaior hemos sido siempre muy bien acogidos, estamos contentos con nuestros trabajos, pero ahora no podemos descartar el tener que irnos", apuntó esta joven pareja, que llegó a España en 2001 y reside en este municipio menorquín desde hace nueve años; ambos tienen la nacionalidad española y de sus hijas, la mayor llegó al país con apenas tres años y la pequeña nació en la Isla.
Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Menorca, así como los propios protagonistas de esta historia, denunciaron que los bancos están vendiendo deuda hipotecaria fallida a otras compañías para 'soltar lastre'. David y Paola afirmaron que este es el caso de su hipoteca.
En concreto su deuda ha sido adquirida por la firma Promontoria Holding 38 BV, que a su vez ha subcontratado a la sociedad Aktua Soluciones Financieras para intentar el cobro del préstamo.
"Al ponernos en contacto con esta empresa nos amenazaron, nos dijeron que si no pagábamos nuestras hijas heredarían la deuda y que mi madre no tendría derecho a sanidad ni a la Seguridad Social", relató David Espinoza, denunciando el entramado que hay detrás de su frustración personal.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca inicia sus acciones en la calle
El caso de este matrimonio de Alaior es solo uno de los cerca de treinta en los que trabaja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Menorca.
Ninguno se puede acoger al Código de Buenas Prácticas de la banca aprobado por el Gobierno para que la dación en pago salde la deuda, algo que en todo caso es de carácter voluntario para la entidad financiera.
Entre las condiciones para acogerse a ese código se establece que la deuda sea como máximo de 120.000 euros (en el caso de Menorca, ya que se toma como referente la densidad de población) y que todos los miembros de la unidad familiar estén en el paro y sin cobrar ninguna prestación.
"No hay ninguno de los 30 casos que tenemos que reúna esas condiciones draconianas", afirmó ayer uno de los miembros de la Plataforma que acompaña y asesora al matrimonio Espinoza.
El embargo y previsible desahucio de esta familia ha provocado las primeras acciones en la calle de la PAH de Menorca, que también actuará, si los afectados así lo requieren, para evitar que les echen de su casa. Ayer comenzó la distribución de folletos y carteles informativos por Alaior.
En el horizonte, el objetivo es un cambio legislativo que permita entregar la vivienda y dejar libre de la deuda a los hipotecados de buena fe.