El Ayuntamiento de Alaior ha terminado de pagar a los propietarios de Llucalari la indemnización de 1,4 millones de euros impuesta por el Tribunal Supremo. Desde 2010 los sucesivos presupuestos municipales se han visto obligados a incorporar una reserva económica para hacer frente a este pago, mermando así la capacidad de tesorería del Consistorio.
Después de 16 años de peregrinaje judicial iniciado en 1996, Alaior ha puesto el punto y final a la desclasificación urbanística de esta zona en la que los propietarios pretendía construir unas 3.000 plazas turísticas en algo más de 300.000 metros cuadrados.
Los promotores adquirieron el suelo como urbanizable y el Ayuntamiento recalificó después la zona como rústico. Las sucesivas sentencias en contra del Consistorio certificaron que cuando denegó en 1995 el desarrollo del proyecto urbanístico ya era demasiado tarde, los promotores habían adquirido los derechos edificatorios.
Alaior se vio obligado por sentencia firme a indemnizar a los propietarios, pago que ahora culmina.
En opinión de la alcaldesa, Misericordia Sugrañes, el largo proceso judicial fue el resultado de una "deficiente tramitación administrativa" de la desclasificación que estuvo envuelta además en "gravísimos errores" de procedimiento. Asegura que el PP en la oposición denunció desde el primer momento esta "pésima gestión".
Sugrañes recuerda que la desclasificación fue el buque insignia del programa electoral del PSOE de 1995 y critica que los trámites no se hicieron de acuerdo con la legalidad y guardando los tiempos estipulados. "Fue una negligencia a sabiendas y de cara a la galería", añade.
La alcaldesa apoya su argumentación en el propio auto de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que, según Sugrañes, rechazó la pretensión del Ayuntamiento de no ejecutar la sentencia del Supremo en la que se establecía la indemnización a los propietarios de LLucalari. "El auto señaló claramente que la Administración local había denegado indebidamente la aprobación del proyecto", remarca.
Sugrañes matiza además que la indemnización se fijó en 2007 en 661.011 euros, pero la sentencia también condenó al Ayuntamiento al pago de los intereses devengados desde 1995. La alcaldesa explica que el Consistorio pleiteó para reducir esa cantidad, pero el equipo de gobierno del PSOE, cometió el error de no ingresar ese importe en una cuenta del Juzgado para evitar la acumulación de intereses.
"El error de procedimiento se ha traducido en los más de 60.000 euros que ha tenido que pagar el Ayuntamiento en intereses y también debemos pagar otros 3.000 euros más de costas por la temeridad del anterior equipo de gobierno", critica.
El aplazamiento de pagos que costó 135 euros diarios en intereses
La alcaldesa de Alaior denuncia que el aplazamiento del pago de las indemnizaciones desde la confirmación de la condena por el Supremo costó a los vecinos 135 euros al día. "Es evidente que si esta cantidad la hubieran tenido que pagar de su bolsillo, ya hubieran extremado la vigilancia para hacer las cosas correctas y evitar más dilaciones".
Sugrañes denuncia que los sucesivos gobiernos de izquierda negaron de forma reiterada que el proceso por el que se anuló el desarrollo urbanístico de Llucalari fuera a ocasionar indemnizaciones. "Los azares de la vida nos llevan a que hemos tenido que ser nosotros quienes ahora negociásemos con la propiedad para evitar que se fueran devengando más intereses", reflexiona.
En este sentido recuerda el acuerdo extrajudicial alcanzado con los promotores el 21 de julio de 2011 "a tres semanas escasas de haber tomado posesión del nuevo cargo", para zanjar la reclamación de intereses desde esa fecha.
"Conseguimos dejar de pagar más intereses y logramos ocho más para pagar el total sin un euro más de intereses", apunta la alcaldesa, quien agrega que ahora, tras pagar a los propietarios 1.489.176 de indenmización solo queda por abonar 3.000 euros más de costas "de entre los miles de euros" que ya se han pagado por la intervención de abogados, procuradores y peritos.