El pleno del Consell ha aprobado esta mañana por unanimidad la propuesta de acuerdo para poder formular ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears incidente de nulidad y de ejecución de la sentencia que obliga al Ejecutivo insular a abonar a Cesgarden 16,1 millones de euros además de los intereses desde el 25 de abril de 2003. El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, ha asegurado que hay "suficiente base jurídica" para que el Consell pueda "defenderse" ante la justicia.
Además, el pleno también ha dado vía libre a manifestar al Tribunal Superior de Justicia la disposición del Consell a ejecutar la sentencia mediante un convenio urbanístico con la propiedad de las parcelas afectadas.
Los dos partidos de la oposición, PSOE y PSM, han votado a favor de la propuesta de acuerdo puesto que "hay que defender aquello que es de los menorquines, lejos ya de siglas políticas", ha aseverado la consellera nacionalista, Maite Salord. El portavoz socialista, Joan Marqués, ha tildado la actuación del Consell de "responsable y coherente" y ha manifestado su convencimiento de que "hay suficientes bases jurídicas para que la sentencia sea favorable para el Consell".