El informe económico sobre las cuentas del Ayuntamiento de Maó relativas al ejercicio 2010 y primer semestre de 2011 desvela que la situación de las arcas municipales es mucho más grave de lo que el equipo popular había marcado con los análisis internos.
El documento elaborado por la empresa Vives y Sintes revela que las cuentas municipales son alarmantes y que el margen de maniobra del Consistorio es mínimo.
Y es que el Ayuntamiento deberá hacer frente, entre otros, a más de cinco millones de euros procedentes de varios pagos aún pendientes. Por un lado, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no tiene dotada alguna provisión para asumir responsabilidades procedentes de litigios, indemnizaciones u obligaciones pendientes, deberá ejecutar una sentencia firme procedente de una expropiación en el Carrer de Gràcia que estima a pagar a la propiedad 1,1 millones de euros.
"Los afectados están predispuestos a negociar, por lo que de momento se compensará con un solar", aseguró la alcaldesa, Águeda Reynés. No obstante, gran parte de la sentencia deberá ejecutarse con un pago en efectivo.
Por otra parte, el Ayuntamiento tiene pendiente otra sentencia que lo más probable es que sea desfavorable para las arcas municipales y cuya indemnización rondará el millón de euros.
A estas dos sanciones cabe añadir otro revés al que el Ayuntamiento de Maó deberá hacer frente y que deja las arcas municipales en un estado "muy precario y desastroso", en palabras de la alcaldesa. Según explicó, el cobro por las obras efectuadas en el campo del Sporting con cargo al Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) no están garantizadas.
Según Reynés, el anterior equipo de gobierno modificó el proyecto sin el visto bueno del Ministerio lo que condiciona ahora dicho abono. "El Ayuntamiento ya ha pagado 1,2 millones de los 1,6 que se incorporaron en el presupuesto. Es una falta de responsabilidad municipal", precisó la alcaldesa quien intuye, a falta aún de conocer el desenlace de este nuevo contratiempo, que la partida será definitivamente revocada. Y el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, advirtió que en este caso "deberemos discernir cómo se llegó al acuerdo para modificar el proyecto".
Botella también anunció el pago pendiente de dos millones de euros a SOREA por inversiones ejecutadas a la red. El pago puede ejecutarse en efectivo, alargando la concesión o incrementando las tarifas actuales que supondrían hasta un 40 o un 50 por ciento de aumento. Estos frentes abiertos que debe solucionar el Ayuntamiento dejan al equipo de gobierno sin margen de maniobra posible.
Temor a la intervención
Es por todo ello que Botella no dudó en denunciar que "el anterior equipo de gobierno no solo no aplicaba medidas de austeridad sino que no cumplía la legislación y además engañaba a los ciudadanos maquillando las cuentas municipales y dilatando en el tiempo las deudas y las obligaciones".
Y es que si al inicio del mandato popular la situación contable y financiera municipal fue tildada de "grave" ahora es "crítica" y "escandalosa", un estado contable que ha salido a la luz con este encargo externo y que lleva al equipo de gobierno a temer una posible intervención del Estado si no consigue mantener el plan de estabilidad presupuestaria marcado.
"El Gobierno podría congelar las aportaciones directas con lo que entraríamos en fallida", precisó Botella. Por eso, "nos adheriremos a los planes de ajuste que plantee tanto el Ejecutivo central como autonómico para que los ingresos estatales no se vean condicionados debido a esta inestabilidad presupuestaria".
A pesar de que Botella no quiso nombrar la palabra intervención, sí lo hizo la alcaldesa Águeda Reynés, quien matizó que "trabajaremos para que el Gobierno no nos intervenga". En este sentido, y en palabras del director económico, Manolo Yebra, "desgraciadamente, esta situación indica que los planes de reajuste no han terminado para el municipio".
Este propósito de aferrarse a todos los planes de ajuste comenzará a hacerse realidad en el próximo pleno cuando el equipo de gobierno eleve un acuerdo de adhesión al decreto ley 5/2012 de 1 de junio de medidas urgentes en materia de personal y administración para la reducción del déficit público del Ejecutivo autonómico. Su aprobación supondrá la reducción de ayudas sociales y productividad. así como la ampliación del horario laboral a las 37,5 horas del personal del Ayuntamiento, entre otros aspectos.
Salvador Botella indicó que "lo aplicaremos convencidos de que son medidas necesarias para atacar la situación de déficit" aunque reconocía que "creará una confrontación con el colectivo laboral del Ayuntamiento". No obstante, mostró la "total predisposición" del Consistorio a reunirse con el comité para encontrar una solución adecuada, pero que en ningún caso "desvíe la intención municipal de la necesidad de la contención del gasto en materia laboral".
A pesar de ello, el teniente de alcalde garantizó ayer el pago de las nóminas a los trabajadores municipales que son "ahora mismo, la prioridad del Consistorio". No obstante, indicó que no puede hacer un llamamiento a la total tranquilidad puesto que "no tenemos la seguridad de que salgan más minas a lo largo del año".