La restricción del tráfico rodado en una parte del puerto de Maó sigue sin contar con una decisión definitiva. La reunión celebrada ayer entre el Ayuntamiento de Maó y la Autoridad Portuaria de Balears no fue determinante para concretar la propuesta aunque el ente gestor de la rada mahonesa se mostró receptivo ante la medida planteada y explicada al detalle por el Ayuntamiento. No obstante, tal y como señalaron desde el Consistorio, aun serán necesarios otros encuentros para avanzar en el consenso de la propuesta.
Es más, la celebración hoy mismo de un Consejo de Navegación y Puerto de Maó -órgano consultivo donde participan los representantes de los sectores económicos y profesionales de la comunidad portuaria mahonesa-, probablemente suscite el planteamiento de este tema para conocer la posición al respecto de los sectores implicados.
Así es como la audiencia celebrada ayer por la tarde entre el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, y el director de la Autoridad Portuaria, Jorge Nasarre, el jefe de la división del puerto de Maó, Jesús Fernández Reyes, así como los responsables de los cuerpos de la Policía Portuaria y Local, Miquel Enrich y Vicente Vaquero, respectivamente, sirvió para pormenorizar y detallar la propuesta planteada que, según fuentes municipales, "había tomado una dirección más agresiva de lo que realmente pretende abordar el Ayuntamiento".
Así es como el teniente de alcalde de Servicios Generales explicó en dicha reunión que no se trata de un cierre sino de una restricción parcial -de tan solo un tramo de 500 metros- y temporal -puesto que se aplicaría desde mediados de julio hasta después de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia-.
Asimismo, remarcó que la propuesta que está sobre la mesa restringe el tráfico en un 90 por ciento. Y es que la medida permitiría el paso por esta zona de todos aquellos vehículos de servicio público como taxis, autobuses o tren turístico así como los vehículos pertenecientes a las compañías náuticas y empresas que se encuentran ubicadas en dicho tramo, además de los vecinos de la zona. Es más, según puntualizó el Consistorio, esta circulación rodada permitida se consideraría como zona 20 para otorgar total prioridad a los peatones. Además, el tramo sería de un único sentido con un desplazamiento en dirección Sirenita Mô-Cala Figuera.
A su vez, apuntan desde el Ayuntamiento que la iniciativa va acompañada de dos nuevas bolsas de aparcamiento ubicadas en el solar de Catisa, por un lado y en la cuesta de Corea una vez se haya convertido en un vial de solo bajada, por otro. Estas dos zonas se sumarían a las 350 plazas de que dispone dicha zona.
Con ello, cabe señalar que la posición de los comerciantes también se tiene en cuenta. No obstante, señalan desde el equipo de gobierno que este colectivo inició una recogida de firmas a partir de un planteamiento que no se adecúa a la realidad puesto que "la propuesta no es un cierre sino una restricción".
Por otra parte, fuentes municipales informan que ocho de cada diez votantes de la encuesta que se plantea respecto a este cierre temporal y parcial y que está recogida en el portal 'mahonline' de la página web del Ayuntamiento son partidarios de la medida.
CAEB pide a Urrutia que impulse la actividad en la rada mahonesa
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) mantuvo ayer un largo e intenso encuentro con el presidente de la APB, José María Urrutia, quien asistió acompañado del director del ente gestor, Jorge Nasarre, y el jefe de división del puerto de Maó, Jesús Fernández Reyes.
La reunión respondía a una petición realizada por la comisión insular de CAEB. La alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, y el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, también asistieron con objeto de conocer de primera mano las demandas de los empresarios en relación a la necesidad de impulsar medidas que permitan recuperar la actividad del puerto y comentar los planes y actuaciones previstos. Y es que, según apunta el sector, la actividad de cruceros de este año arroja cifras negativas con una pérdida de otro 23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior cuando ya acumulaba un descenso de un 17 por ciento.
El sector trasladó a APB hasta 18 medidas. Entre ellas, el desarrollo del atraque de cruceros y una marina deportiva en Cala Figuera, una estación marítima del Cós Nou, la bonificación de tasas portuarias, la construcción y reparación de atraques seguros públicos, rehaciendo los muelles históricos que se encuentran en muy mal estado, el traslado del fondeadero de yates en tránsito desde Cala Taulera a la plana de Cala Figuera, la necesidad de un segundo varadero para evitar el monopolio, la prolongación del muelle comercial en dirección a poniente, y los cambios que comportaría el traspaso de la titularidad del puerto a la Comunidad Autónoma, entre otros puntos.