Después de la intervención de un grupo de ciudadanos anónimos en las últimas sesiones plenarias del Consell reclamando la dimisión del responsable de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, el GOB ejerció ayer su derecho a participar en el pleno, algo totalmente inusual.
Los representantes de la organización ecologista, que habían formalizado oficialmente su participación de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana, no solicitaron la renuncia de ningún conseller, pero sí acusaron al equipo de gobierno de la máxima institución insular de aprovechar la excusa de la crisis para especular con el territorio.
"Es la vieja estrategia de siempre, la misma que se utilizaba en Menorca en los años 70, cuando se quería urbanizar Cala en Turqueta o s'Albufera des Grau", indicó la presidenta interinsular del GOB Conxa Juanola.
Ella fue la encargada de alzar la voz en nombre de la entidad para denunciar la intención de los populares de pretender evitar la participación ciudadana en relación a la reforma del Plan Territorial Insular (PTI).
"Cuando no se tiene nada que esconder, las cosas se suelen hacer con transparencia", espetó tras recordar el acuerdo del pleno del pasado 19 de marzo en que se aprobaron una serie de propuestas dirigidas al Parlament con el objetivo de que fueran incorporadas en la Ley de Medidas Urbanísticas.
Los servicios jurídicos de la cámara balear no aceptaron finalmente esta vía que, según el GOB, "hubiese significado una modificación encubierta del PTI".
La organización ecologista acusó también al ejecutivo insular de buscar eliminar las figuras de protección creadas por el Plan Territorial Insular que garantizan la protección de parajes como la playa de Macarella, el Barranc d'Algendar o Cala Tirant.
Alternativas
El GOB no dudó a la hora de presentar alternativas ante el pleno. Solicitaron una apuesta firme por las energías renovables, ayudas para lograr una agricultura diferenciada, la bajada de los precios de las parcelas vacías en los polígonos, la coordinación de los puertos de Maó y Ciutadella y la promoción del turismo de naturaleza, entre otras.
"Utilicen Menorca, pero no la consuman", insistieron los ecologistas, quienes reclamaron al presidente del Consell, Santiago Tadeo, su implicación directa en este ámbito. "No queremos oír sólo sus palabras dulces", concluyó la presidenta interinsular del GOB.
La respuesta del jefe del ejecutivo insular no varió ni un ápice respecto a la ofrecida hace poco más de una semana al recibir en su despacho a los miembros de la entidad ecologista y los Escoltes de Menorca tras la vuelta a la Isla en defensa del territorio.
"Mis palabras no son para quedar bien", recalcó Tadeo antes de hacer hincapié en la potestad del equipo de gobierno para modificar el PTI aprobado en 2003 que, según el presidente, tampoco fue consensuado entonces.
"La reforma de la normativa territorial nos llevará a posicionar Menorca de cara al futuro, siempre de acuerdo con la condición de Reserva de la Biosfera", insistió Tadeo, quien negó en todo momento que la intención de su equipo sea la de urbanizar lugares emblemáticos de la Isla. Así las cosas , el presidente emplazó a los ecologistas a llegar a un acuerdo, "a pesar de que nuestras posturas sean distantes".
También en materia territorial, el PSOE presentó una propuesta de acuerdo a través de la que instaba al Consell a mantener vigentes las categorías de suelo rústico de especial protección recogidas en el PTI como el Área Natural de Especial Interés (ANEI)y el Área Natural de Interés Territorial (ANIT) que fue rechazada por el PP.
El conseller de Ordenación del Territorio acusó a los socialistas de propiciar un debate "falso" dando a entender ante la opinión pública que la intención de los populares es desproteger el territorio y, en este punto, defendió que se mantendrán las condiciones de protección con las que cuentan a día de hoy los espacios de alto valor natural con figuras equivalentes a las actuales.
Un grupo de trabajo analizará la situación del puerto de Maó
Un grupo de trabajo en el que participarán representantes del Consell, Ports de les Balears, el Ayuntamiento de Maó y Es Castell, el Club Marítimo, la Fundació Illa del Hospital, los empresarios y usuarios del puerto de Maó analizará la situación de la rada con el fin de consensuar una estrategia de actuaciones.
El acuerdo se materializó ayer a raíz de una propuesta del PSM sobre la titularidad y gestión del puerto que, finalmente, fue votada punto por punto. De este modo, el equipo de gobierno rechazó votar a favor de instar al Govern a reclamar al Estado el traspaso de la gestión de la rada a la comunidad autónoma, así como de exigir al Ejecutivo autonómico y al Gobierno central una revisión del el Plan Director y a reclamar al Govern a llevar a cabo una futura gestión de todos los puertos de Balears desde una sola entidad de gestión descentralizada.
Los populares se abstuvieron en todos estos puntos, lo que a ojos de la consellera Maite Salord demostró el "miedo de molestar a Madrid que tiene el equipo de gobierno".
El conseller de Ordenación de Territorio se defendió señalando que la transferencia de la titularidad del puerto al Govern imposibilitaría posibles inversiones por parte del Estado en la rada mahonesa. "Hay otros modelos", indicó sin dar más detalles.
Por su parte Salord no claudicó al justificar la necesidad de que los acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo sean posteriormente trasladado al plan de usos del puerto.
"Queremos que las conclusiones tengan una incidencia concreta", concluyó la consellera del PSM.