Las grandes plantas fotovoltaicas de Menorca llevan tiempo con las luces de alarma encendidas, pero ahora la alerta se ha incrementado ante la posibilidad de que el Gobierno central cree una nueva tasa para ellas. Se habla de que un 19 por ciento de la facturación de estas plantas deberá pagarse al Estado, aunque este porcentaje dependería de la eficiencia de cada planta. Si finalmente se aplica esta tasa sería, aseguran los responsables de las instalaciones menorquinas, la estocada definitiva a su existencia después de que en 2010 ya se les recortaran las ayudas por la producción energética.
La planta de Son Salomó, la más importante de Balears y la más eficiente objetivamente de España, ya vio cómo sus ingresos se reducían en un 38 por ciento con el primer tijeretazo y, según sus responsables, ya sumió la instalación en una situación "dramática". Sus promotores calcularon entonces que no empezarían a recuperar la inversión realizada hasta el año 2023, pero ese cálculo no contemplaba un nuevo recorte en las ayudas. Ahora, si de los ingresos que les restan el Estado se queda el 19 por ciento en forma de tasa, la situación se volverá "imposible", aseguran los promotores de la infraestrcutura.
En el caso de Son Salomó, no obstante, su supervivencia no pende de un hilo, sino de dos. La planta menorquina, junto con otras 13, presentó un recurso en Ginebra solicitando un arbitraje para que se determinara si la decisión de reducir las ayudas en forma de primas se ajustaba a la ley o no. Los responsables de Son Salomó confían en que este ente independiente les acabe dando la razón al entender que se ha vulnerado la Carta Europa de la Energía, firmada para proteger las inversiones realizadas en renovables. Los responsables de Son Salomó confían en ganar este recurso, más aún, explican, si finalmente se aprueba esta tasa por la generación energética, hecho que abundaría en su denuncia de que se han cambiado las reglas del partido cuando éste aún está en juego. Ahora bien, si su pronóstico finalmente no se cumpliera, el diagnóstico es muy claro, según sus responsables: "Son Salomó tendría que cerrar".
La situación de la planta solar de Binissafúller es algo diferente, pero el horizonte que tiene por delante está igualmente lleno de incertidumbres y nubarrones negros si se confirma la decisión de crear una tasa a la generación energética. Los recortes de 2010 les afectaron, pero no tanto como a Son Salomó, y su subsistencia no peligraba por esa disminución de las ayudas. En cambio, sus responsables avisan de que si se confirma la creación del nuevo impuesto "vamos a morder el polvo". En este sentido, los promotores de la instalación afirman que "si nos aumentan los impuestos, no podemos repercutir este encarecimiento en el precio que cobramos a los clientes, porque tenemos un precio subvencionado". Esta situación de mismos ingresos pero más gastos acabará provocando, según los responsables de la planta de Binissafúller, el cierre no solamente de su instalación, "sino de casi todas, porque serán muy pocos o ninguno los que podrán aguantar".
Los responsables de las dos plantas ven positivamente que desde el Govern balear se intente conseguir un régimen especial en el archipiélago para la producción de energías renovables, algo que el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico, Josep Ignasi Aguiló, ha solicitado esta semana al Gobierno central.