El drama humano que acarrean los desahucios ha disparado la alarma social y ha ocupado la línea de la actualidad. Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado un decreto ley dirigido a frenar las ejecuciones de embargo de las familias más necesitadas y de extrema vulnerabilidad. No obstante, estas medidas puestas en marcha han escrito una nueva página entre el colectivo de afectados, garabateada por la decepción y la indignación.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca lamenta que el Gobierno haya movido fichas "en falso" con la única pretensión de "neutralizar la movilización, lavarse la cara y además, hacerlo con trampa".
El colectivo indica que este paquete de medidas que "ha vendido" el Gobierno ha causado dos reacciones bien contradictorias y diferentes. Por un lado, "la vox populi, que desconoce aún la verdad envenenada", les felicita por el logro, mientras que los afectados, quienes no se fían de nada ni de nadie, saben que la letra pequeña siempre entraña dificultades, por lo que la euforia está muy matizada entre el colectivo. En este sentido, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca indica que a día de hoy existen en torno a 40 afectados en la Isla (en contacto con la Plataforma), una cifra y que varía mucho de un día a otro.
Cabe señalar que el número de casos que controla la Plataforma no es representativo de la cifra real de afectados en Menorca debido a la "invisibilidad" del problema y la "vergüenza social" a la hora de exteriorizar su situación. No obstante, de estos afectados con quienes la Plataforma tiene contacto, el colectivo tiene la percepción de que a la gran mayoría de afectados no les interesará adherirse a una paralización del desahucio "siempre que puedan acogerse a ello, una posibilidad remota por el perfil requerido".
Uno de los miembros de la Plataforma, Santiago Oliver, indica asimismo que incluso algunos prefieren que el lanzamiento hipotecario se ejecute "cuanto antes" para no alargar más la situación, "mucho menos esperan a dos años, prolongar el sufrimiento e incrementar las costas". No obstante, todo ello son percepciones puesto que "el Gobierno ha actuado rápido y aun queda estudiar las posibilidades y opciones que se barajan para cada afectado".
La Plataforma alerta así del "fraude" del decreto ley aprobado por el Gobierno, que vuelve a ser "un traje a medida para los bancos". Es más, otra colaboradora, Olivia Méndez señala que "el banco dicta y el Gobierno decreta".
Incógnitas y flecos
La paralización durante dos años de los desahucios a los colectivos más vulnerables es, en palabras del grupo, "insuficiente, arbitraria y malintencionada". Deja fuera a la mayor parte de las personas afectadas puesto que se establecen unos criterios que no responden para nada a la lógica. "Pueden acogerse familias con un hijo de menos de tres años pero no una familia con dos hijos de cuatro años", resaltan a modo de ejemplo.
Además, uno de los grandes escollos de la normativa son los intereses de demora que se acumulan durante estos dos años. "Es de locos conceder a familias necesitadas un plazo caritativo de dos años a un interés abusivo de entre el 18 y el 25 por ciento sobre una deuda", denuncian. Y es que, una vez finalizado este plazo, el proceso para la ejecución hipotecaria seguirá, según intuyen, su ritmo. Esto es: una subasta de la vivienda, la ejecución en un 50 o 60 por ciento del precio de tasación, una deuda de un 50 o un 40 por ciento del importe total, la entrada en la lista de morosos, en paro y, probablemente con unos intereses de demora acumulados por el tiempo de paralización del desalojo, agregan.
Con ello, la Plataforma denuncia el sinfín de "incógnitas" y "flecos" que se quedan en el tintero. Entre éstos, se encuentran los intereses de demora citados que, al no hacer referencia a ellos, "entendemos que siguen acumulándose".
Pero no es la única duda. "¿Por qué afecta a familias monoparentales con dos hijos? ¿Y si tienes uno? Si en dos años la situación no ha mejorado, ¿qué ocurrirá? Han puesto todos los perfiles en el bombo y el azar han elegido", asevera Olivia Méndez.
Además, el colectivo alerta de que los dos años no empiezan a contar desde el momento de la ejecución sino desde este viernes. Por lo tanto, "una ejecución hipotecaria que tenga lugar dentro de medio año, tan solo verá paralizado el proceso durante año y medio", lamenta Méndez.
Denuncian también la "falta absoluta de información y transparencia" en lo que respecta a la creación de un fondo social de viviendas de alquiler y temen que se "dé una nueva maniobra de maquillaje político", tal y como informan en un comunicado.
El decreto ley no contempla la dación en pago entre las medidas adoptadas. Con ello, la Plataforma denuncia que el paquete de medidas se haya tomado sin tener en consideración las peticiones que lleva reivindicando el colectivo tomando una decisión "unilateral e insuficiente". También denuncian que no se incluyan medidas urgentes ante la Ley Hipotecaria "que permite desalojos forzosos, deudas perpetuas, cláusulas abusivas, intereses usureros y dobles tasaciones", entre otros, concluye la Plataforma.
El colectivo llevará mañana al juzgado de Maó peticiones de suspensión de procesos
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca celebrará mañana un acto simbólico para solicitar la paralización masiva de procedimientos de ejecución hipotecaria. El acto tendrá lugar a las 11 horas en los juzgados de la calle Fort de L'Eau de Maó.
Se trata de una nueva "herramienta a la que pueden acogerse los afectados por el drama", señala el colectivo. El escrito incide en que actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.
Por ello, el documento solicita la suspensión inmediata del proceso para todos los afectados y sin restricciones hasta que se apruebe la modificación de la Ley Hipotecaria. Redactado con gran precisión jurídica por los abogados de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el escrito alega en sus apartados desde la emergencia y alarma social hasta la violación sistemática de los derechos humanos pasando por la normativa de los consumidores.
Además, aquello que deja claro es que esta moratoria del proceso "no supondrá mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios", es decir, que no se tendrán en cuenta los intereses de demora acumulados.
El miembro de la Plataforma, Santiago Oliver, hace un llamamiento a todas aquellas personas que no se han puesto en contacto con la Plataforma para que presenten el documento puesto que "existe la posibilidad de paralizar el proceso".