Autoridad Portuaria de Balears asegura que el paso de gestión directa a indirecta en los amarres localizados entre Sa Colàrsega y la Costa d'en Reynés, en la ribera sur del puerto de Maó, no alterará significativamente las condiciones que hoy día ostentan los usuarios de las embarcaciones de base. "Serán similares", garantizan desde la APB.
Esta afirmación contiene una referencia clara tanto a las tasas como a los derechos adquiridos a lo largo de los años y responde a una de las principales peticiones del sector náutico mahonés. Además, avanzan que coexistirán los barcos de base con los transeúntes (todos ellos de pequeña eslora), algo imposible en los amarres de gestión directa. "Eso ya pasa en la concesión de S'Altra Banda donde se puede ver un trato diferencial hacia las embarcaciones de base", explican fuentes del ente público.
Con la convocatoria del concurso público, cuyo redactado se encuentra "bastante avanzado", el organismo que preside José María Urrutia dará carpetazo, por una parte, a la situación de irregularidad en la que operan las empresas con autorizaciones de ocupación temporal (AOT) aún vigentes -algunas de ellas han sido recientemente expedientadas por hacer un uso irregular de los amarres- y, por otra, regulará de manera homogénea los seis tramos que conforman esta zona de actuación, una petición histórica de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (ASMEN).
Si bien no ha trascendido el detalle del pliego de condiciones, fuentes de APB han confirmado que se adjudicará una concesión por cada tramo a empresas diferentes, hasta seis, "para evitar de este modo el monopolio e incentivar la competencia", lo que debería repercutir en el establecimiento de precios más competitivos. "Las bases del concurso marcarán una tarifa máxima y serán las empresas licitantes las que harán sus ofertas que, obviamente, vendrán determinadas por el mismo mercado", explicaron desde el ente de gestión portuaria. Falta por ver si se incluirá y de qué manera la petición de ASMEN de dar prioridad a las empresas locales.
Al optar por la concesión en lugar de por la autorización de ocupación temporal, Autoridad Portuaria puede, además, establecer "las tasas, la tarifa máxima, los servicios y toda una serie de prestaciones que ahora no se pueden garantizar". A esto se refiere el presidente de ASMEN, Justo Saura, cuando habla de una mejora de la calidad de los amarres. Y es que las empresas que explotan actualmente las AOT se rigen por un acuerdo bilateral firmado hace años y que no contempla determinadas obligaciones.
Cabe señalar, por otra parte, que estas empresas han incurrido en irregularidades al convertir en amarres de embarcaciones de base algunos de los amarres que gestionan y que por su naturaleza original tendrían que ser temporales. Por este motivo, APB ha abierto expedientes sancionadores a algunas de estas empresas.
Así pues, con las nuevas concesiones se rompería con el estatismo y favorecía la movilidad de las embarcaciones, generando así nuevos espacios y maximizando su rendimiento. Pero, además, esta operación iría acompañada de una reordenación de los amarres, que pasaría por un mejor aprovechamiento de la lámina, con el objetivo de incrementar su número hasta llegar, aproximadamente, a 400. Según comentan desde ASMEN, esta intervención se asemejaría a las efectuadas por el Consell y las asociaciones de amarristas en Es Grau y Es Canutells.