A partir de hoy, acudir a la Justicia dejará de ser en la mayoría de los casos un acto gratuito con la entrada en vigor de la Ley 10/2012 promovida por Alberto Ruiz Gallardón. La legislación, que ha suscitado un gran rechazo entre el colectivo de los jueces y el de los abogados, podría suponer en Menorca un descenso de los litigios judiciales y una reducción del 30 por ciento del trabajo de los abogados.
Como se explica en el cuadro que acompaña este artículo, los ciudadanos que recurran a la Justicia deberán pagar unas tasas que se establecen a partir de dos factores. Primero, se establece una cantidad fija que hay que abonar dependiendo del tipo de proceso que se emprenda. Así, por ejemplo, los casos ordinarios tienen una tasa de 300 euros que debe abonarse ya de inicio. A medida que se avanza en el escalafón judicial, el coste es superior, hasta el punto de que presentar un recurso de apelación valdrá 800 euros, y si ya se opta por un recurso de casación el precio asciende a los 1.200 euros.
Además de esta tasa fija, la factura final a abonar se completa con una cantidad que se determina aplicando un determinado porcentaje al coste teórico del proceso. La legislación entiende que todos aquellos litigios cuya cuantía no pueda determinarse suponen un coste de 18.000 euros. Así, suponiendo el caso más habitual, de un proceso ordinario sin cuantía específica, la factura a pagar por el litigante sumaría 300 euros de tasa fija, más los 90 euros de la tasa variable. Es decir, 390 euros.
Para el juez decano de Menorca, Bartomeu Mesquida, "estas tasas suponen una pérdida de derechos de los ciudadanos". El magistrado entiende que "en principio, las tasas tenían una finalidad meramente disuasoria, para que el ciudadano se diera cuenta de que el servicio que utiliza tiene un coste. Ahora bien, cuando se pasa de la disuasión a la recaudación, el riesgo es evidente". Mesquida pronostica que estas tasas provocarán una disminución del número de causas judiciales, y en algunos casos, "se perderán garantías". En este sentido, el juez destaca el elevado coste que supondrá presentar un recurso de apelación o de casación. "Lo que hasta ahora era normal, acudir a otro organismo judicial para saber si la primera sentencia es correcta, pasará a ser excepcional".
Se ha dicho que uno de los objetivos de los elevados precios fijados en la nueva ley para recurrir las sentencias es evitar el uso de las instituciones judiciales para demorar la ejecución de una sentencia enredando el proceso con infinidad de recursos. Sobre este asunto, Mesquida apunta que "no es por culpa del ciudadano que la presentación de los recursos demore la resolución final, sino por culpa de un sistema que no da una respuesta rápida a estas situaciones. No podemos hacer pagar a los ciudadanos los defectos del sistema". En este sentido, recuerda que en España existen diez jueces para 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 20 magistrados para la misma cantidad de personas.
La nueva legislación exime a las causas penales del pago de estas tasas. A partir de aquí, Mesquida prevé que mientras el resto de procesos bajarán, los litigios penales aumentarán porque habrá quien intente que su causa sea enjuiciada por la vía penal para eludir las tasas.
LOS ABOGADOS, EN CONTRA
Pedro Monjo, delegado en Menorca del Colegio de Abogados de Balears, también se muestra contario a las tasas impuestas por el Gobierno central. De entrada, el letrado no se opone a que se fijen unas tasas, "pero estas son desmesuradas y mucha gente no acudirá a los tribunales por no pagar estas tasas". Monjo pronostica que este descenso de los litigios supondrá un descenso de un 30 por ciento de la actividad de los abogados menorquines, que serán unos de los más afectados por las tasas por la dimensión reducida de los casos que gestionan.
Así, explica que una persona que acude a un juicio reclamando una cantidad relativamente escasa de dinero ahora se lo pensará dos veces ante el coste que supone el proceso judicial en sí, el riesgo de no ganar el caso y ahora, además, las tasas judiciales.