El Parlament ha dado su apoyo a la toma en consideración de una proposición no de ley, presentada por el Consell de Mallorca, de una modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, Balear de Caza y Pesca Fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, de 27 de deciembre, de Medidas Tributarias y Economicoadministrativas, que quedó este martes por la tarde aprobada con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular y con la abstención de los grupos socialista y Més, y que será tramitada como proyecto de Ley.
Fuentes del PP de Menorca han recordado este miércoles que en el año 2006, entró en vigor en Baleares la primera Ley de Caza y Pesca Fluvial, modificada un año después, en 2007, cuando entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía, que atribuye las competencias en esta materia a los Consells Insulares.
"El constante incremento en el número de practicantes y los cambios que se han ido detectando aconsejan una necesaria revisión del actual marco normativo", han señalado los 'populares'.
Durante el Pleno del Parlament, la diputada del Grupo Popular, Asunción Pons, fue la encargada de defender la proposición. La parlamentaria menorquina destacó la importancia de uno de los objetivos de esta proposición que plantea la simplificación de los trámites, con la aplicación de las nuevas tecnologías, y la vocación de un funcionamiento más eficaz.
La proposición incorpora el uso de las nuevas tecnologías de cartografía para definir la categoría cinegética de los terrenos en cada isla, aclara la titularidad de los cotos y distingue entre propietarios y arrendatarios.
Del mismo modo, amplía las zonas de seguridad, facilita el control de la fauna que provoca daños e impulsa la creación de refugios de caza.
La portavoz de Economía del Grupo Popular ha destacado aspectos como la educación ambiental con la intención de fomentar una práctica tradicional, pero que debe estar abierta para las sucesivas generaciones, así como la necesidad de revisar el actual sistema de sanciones.
"Habitualmente, cuando se modifica suele ser para endurecerlo, pero consideramos desproporcionado, por ejemplo, imponer un año de inhabilitación para poder cazar, más la multa correspondiente, la retirada del arma e indemnizaciones por las piezas abatidas tan solo por el simple hecho de tener la licencia caducada un solo día. Es necesario introducir criterios de ponderación", ha dicho Asunción Pons.
Del mismo modo, el Grupo Popular apoya el establecimiento de zonas de seguridad donde no está permitida la caza, concretamente, la restricción de disparar a una distancia de, como mínimo, 100 metros de los núcleos urbanos y 25 metros de vías o caminos públicos y también a 100 metros de granjas agrícolas, terrenos de cultivo o áreas de acampada.