Amparados en la sentencia dictada el pasado día 14 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluye que la ley estatal vulnera el derecho de defensa de los afectados por un procedimiento de ejecución hipotecaria, los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lanzaron ayer una acción colectiva para anular o, en su defecto, suspender los procesos actualmente abiertos.
"Queremos que la gente sepa que tiene posibilidades de conseguir que se haga justicia", señaló ayer Olivia Méndez, de la PAH-Menorca. Con este objetivo, desde la plataforma ponen a disposición de todos los afectados un modelo de alegaciones, que se pueden descargar en el blog www.pahmenorca.wordpress.com, en las que se solicita ante el juzgado la nulidad de la ejecución hipotecaria por considerar que la ley española "infringe la normativa comunitaria y es, por tanto, ilegal". Se refieren a la Directiva 93/13/CEE aprobada en el año 1993, es decir, hace dos décadas.
Desde la PAH especifican que la nulidad implica la anulación de todos los efectos del procedimiento y su retroacción al inicio de la demanda, "así como la reparación del daño causado", un daño que podría llegar a imputarse al mismo Gobierno por "contravenir" el derecho comunitario. En el caso de que el juez considere que no procede declarar la nulidad, "deberá acordarse la suspensión del procedimiento", teniendo en cuenta que no existe en estos momentos, de acuerdo con la sentencia del tribunal europeo, "ningún instrumento procesal válido". Un vacío que, por otra parte, se desconoce cuándo y cómo se resolverá ya que a día de hoy no se sabe si se optará por modificar el actual redactado normativo, si se dará salida a la Iniciativa Legislativa Popular que actualmente tramita el Congreso de los Diputados o si el Gobierno optará por una tercera vía.
Al margen de estas cuestiones, y partiendo de la sentencia europea, la plataforma exige que también los jueces, a los que se reprocha no haber hecho prevalecer los derechos de los ciudadanos, actúen de oficio y decidan paralizar determinados procedimientos. En los últimos días, de hecho, algunos magistrados han optado por suspender cautelarmente los procesos judiciales en marcha a la espera de saber cómo se resuelve el conflicto legislativo evidenciado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De todos los interrogantes surgidos a raíz del fallo comunitario, el más grande es el que atañe a los procedimientos de ejecución hipotecaria ya archivados, es decir, a los casos muertos. Los servicios jurídicos de la PAH advierten que todas las demandas ejecutorias iniciadas con posterioridad al año 1993, en que entró en vigor la Directiva Comunitaria, son susceptibles de ser revisadas. "Se trata de una cuestión mucho más compleja pero se entiende que se puede pedir el cese de la reclamación de deudas y también la recuperación de las viviendas", indicó Santi Oliver, de la PAH-Menorca. Incluso se podrían llegar a reclamar las cantidades embargadas y la indemnización por los daños y perjuicios causados "a las víctimas de una ley ilegal". En cualquier caso, se trata de un tema que todavía está siendo analizado por el equipo jurídico de la plataforma.
Debido a la complejidad del asunto, los miembros de la PAH-Menorca aconsejan a las personas afectadas que acudan a las reuniones informativas que celebran los miércoles a las 19 horas en la sede de Caritas en Maó y los viernes, a la misma hora, en la sede de Caritas de Ciutadella.