El rescate del Govern balear al Ayuntamiento de Campos, en Mallorca, con la ayuda económica para el derribo de los 68 apartamentos ilegales construidos en la zona de Ses Covetes, ha abierto el debate sobre la necesidad de otros ayuntamientos de Menorca de que el Ejecutivo balear les subvencione para afrontar sentencias que les obligan a pagar indemnizaciones millonarias.
La propuesta del alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, de que el Govern trate por igual a todos los municipios de las Islas y subvencione, igual que hizo en Campos, el pago de la indemnización que tiene que pagar el Ayuntamiento al joven que quedó tetrapléjico en Fornells, generó tensión en la Comisión de Alcaldes, celebrada ayer en Alaior, y el punto, finalmente, quedó sobre la mesa.
No obstante, el presidente del Consell, Santiago Tadeo, se comprometió a estudiar ambas sentencias, la del accidente ocurrido en las fiestas patronales de Fornells en 2005 y la de Ses Covetes, para ver "si existen similitudes" y entender "por qué el Govern tomó esa decisión".
No obstante, Tadeo señaló que cualquier acuerdo de gobierno, que implique por ejemplo inversiones, favorece a un determinado municipio en detrimento de otro. "Son decisiones políticas, como la de crear el centro BIT en Alaior o las salas multifuncionales en Ferreries y en Sant Lluís en lugar de en otro sitio", justificó el presidente, quien sin embargo añadió que lo adecuado es "intentar que no haya ninguna discriminación".
Pero el alcalde de Es Mercadal lo tiene claro: si la concesión de manera equivocada de una licencia urbanística da lugar a una subvención del 75 por ciento del proyecto de demolición, con más motivo se debería ayudar a su Ayuntamiento, si se tiene en cuenta que el accidente se produjo en el agua y en una zona portuaria que, además, depende de la Comunidad Autónoma. "Es de justicia", declaró Ametller tras la reunión con el resto de alcaldes.
La situación de Es Mercadal no es única. De hecho, la propuesta incluía la petición de ayuda también para el Ayuntamiento de Sant Lluís, que asumió la demolición de la vivienda ilegal en terrenos anexos a los viñedos de Binifadet. Algo que en cierto modo incomodó al alcalde de Sant Lluís, Cristóbal Coll, quien declaró que "hay que analizar la responsabilidad del Govern" en el caso de ses Covetes y coincidió con Tadeo en que todas las corporaciones, incluido el Consell, tienen sentencias y pagos de indemnizaciones sobre la mesa.
Coll recordó que ayer mismo Ciutadella dio a conocer que la Justicia le obliga a afrontar ahora una expropiación de una parcela calificada como equipamiento en el Plan General de 1989. Sobre las cuentas del Consell pende también la amenaza de la indemnización de 16,1 millones de euros a la promotora Cesgarden.
Remanente
Otro de los puntos que trataron los alcaldes se refirió al destino de los 250.000 euros que no se han ejecutado de la partida destinada a la mejora de las urbanizaciones turísticas. Un dinero disponible porque Ciutadella, que no podía pagar su parte de la inversión, recibió una cuantía inferior a la inicialmente prevista. Desde el punto de vista presupuestario el trasvase de fondos al Plan Insular de Cooperación, que es lo que solicitó el alcalde de Es Migjorn, no es viable.
El presidente del Consell aseguró que el gobierno insular quiere que la partida repercuta en beneficio de los municipios y que se añada a la inversión pública para generar obra, pero serán los servicios jurídicos de la institución los que decidan cómo se hace, en todo caso ya, para el próximo ejercicio.