El Govern ha decidido aplazar la tramitación de la ley de reforma tributaria de la comunidad, que incluye la aplicación de nuevos impuestos en las Islas, hasta que concluya la temporada turística, según han informado los consellers de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, y de Economía y Competitividad, Joaquín García.
Según han indicado en rueda de prensa, esta decisión ha sido adoptada tras reunirse con los diferentes sectores empresariales y grupos parlamentarios, y tras constatar que actualmente muchos paquetes turísticos ya tienen un precio comprometido que no recoge estos nuevos gravámenes. "Muchos sectores tenían comprometidos los precios" y, por tanto, si se aprobasen ahora se distorsionaría su actividad productiva.
Además de la "conveniencia de preservar la actividad económica" de los sectores productivos de la comunidad, Marí ha apuntado a la necesidad de despejar las "incógnitas" que existen sobre el límite de déficit y al control de la ejecución presupuestaria.
De esta forma, el Govern retomará las conversaciones con los diferentes sectores para abordar la aplicación de estos impuestos. Así, al ser preguntado si el Ejecutivo podría finalmente no aplicar estos nuevos gravámenes, Marí ha indicado que si el Govern plantea una ley "es para su aprobación".
"No conviene poner en marcha los impuestos en plena temporada turística", ha declarado Marí, quien, preguntado por la posibilidad de no aprobarlos en función del límite de déficit establecido por el Gobierno a Baleares, ha manifestado que se adoptarán las decisiones oportunas cuando tengan "todos los datos encima de la mesa".
SOBRE EL DÉFICIT: "HAY QUE SABER CÓMO VA A QUEDAR LA COMUNIDAD"
En relación a la cantidad que el Govern tenía previsto ingresar con estos nuevos gravámenes, García ha señalado que "ahora tenemos variables que no están definidas" como el establecimiento del límite de déficit. "Hay que saber dónde va a quedar la comunidad, ver qué impacto tiene y tomar decisiones en base a ello", ha declarado.
"No es una decisión tomada al tuntún", ha manifestado el conseller de Hacienda y Presupuestos sobre este aplazamiento y ha añadido que en el 2013 se deben "balancear estas decisiones de ajuste en el gasto que hay que seguir adoptando".
Marí ha recordado que la exposición de motivos de la ley de medidas tributarias para la sostenibilidad de la Hacienda pública establece que se trata de "una ley con vocación de permanencia" pero que ésta está condicionada "a una efectiva modificación del sistema de financiación" que pudiera suponer mayores ingresos para la comunidad.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
Así, el conseller ha reiterado la necesidad de que se modifique el sistema de financiación autonómico, tal y como reivindicó el presidente del Govern, José Ramón Bauzá en octubre de 2012.
En este sentido, los responsables autonómicos no han avanzado qué cifra de déficit reclamarán al Gobierno central si bien Marí ha incidido en que Baleares considera que es necesario fijar unos objetivos "diferenciados" puesto que las autonomías cuentan con "diferentes realidades que se derivan de un sistema de financiación asimétrico".
Además, ha añadido que "no sería una buena noticia" que se estableciesen objetivos de déficit superiores a los realizados en el 2012, "sería una muy mala señal". "No aspiramos a mayor déficit, sino a cambiar el sistema, mientras tanto, defendemos criterios que permitan relacionar mayor margen con las asimetrías del sistema de financiación", ha explicado preguntado por si el Govern aspira a un límite del 1,8 por ciento.
BALEARS EMPIEZA A GENERAR EMPLEO
Durante la rueda de prensa, García ha hecho hincapié en los diferentes datos económicos positivos registrados en la comunidad como el descenso del desempleo durante seis meses consecutivos, los 26.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social o el hecho de que, según ha dicho, en las Islas ya se está "empezando a generar empleo".
Cabe recordar que el pasado mes de febrero el Consell de Govern aprobó el Proyecto de ley de medidas tributarias para la sostenibilidad financiera de la hacienda pública de Balears, que recoge la creación de tres tributos propios, de carácter netamente medioambiental, y la reforma de otras figuras impositivas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad.
Los tres nuevos tributos que prevé el proyecto son el impuesto sobre los envases de bebidas, el impuesto sobre el daño medioambiental causado por grandes áreas de venta y el impuesto sobre el daño medioambiental derivado de la utilización de vehículos de alquiler sin conductor, así como la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentos, el impuesto sobre hidrocarburos y el canon de saneamiento de aguas.