El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella acordó ayer abrir un nuevo expediente a la empresa que gestiona el cementerio, después de que el que se abrió en el año 2007 haya caducado formalmente. Con este paso, el Consistorio retoma el proceso abierto en su día y que debe culminar en la rescisión del contrato por las múltiples irregularidades cometidas y demostradas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y también por un informe jurídico que acompañó ayer el reinicio del expediente.
El último paso que se había dado en este sentido era reclamar la opinión del Consell Consultiu de Balears sobre la posible rescisión. Este organismo consultivo, sin embargo, no pudo pronunciarse formalmente sobre el expediente porque éste había caducado. Era necesario, así, abrir otro nuevo. Esto no significará, según el concejal de UPCM, Joan Triay, que ninguna de las irregularidades denunciadas prescriba, "pues hay una sentencia firme e inapelable que demuestra lo que se hizo". De hecho, la UTE concesionaria fue multada con 171.000 euros por siete infracciones, y se salvó de otra sanción de 60.000 euros por un defecto de forma de la denuncia.
Durante la discusión de este punto, Joan Triay defendió la labor realizada por la Associación en Defensa de Sa Propietat desde el año 2005, cuando él presidía la entidad, y hasta ahora. Así, aseguró que el informe jurídico que ayer se analizó "confirma todas las infracciones denunciadas por la Asociación". Ante esta afirmación, el concejal responsable del área, Lorenzo Coll, rebatió que "no todas las infracciones que denunció la Asociación están contempladas en este informe, y las que están figuran porque lo ha dicho el Tribunal, no la Asociación".
Triay respondió que "la UTE funeraria tiene en usted un gran defensor, y seguramente le agradecerá mucho su labor, pero tiene en la Asociación en Defensa de la Propietat un claro detractor".