Las 51 viviendas de protección oficial que el Govern balear tiene en Menorca se ofrecen actualmente en régimen de alquiler y, pese a que el precio se ha reducido un 30 por ciento en relación a 2012, todavía no hay ninguna alquilada.
Así lo explicó ayer durante la parte de control del pleno del Consell el responsable de Cooperación Local, Juan José Pons, en respuesta a la pregunta formulada por la socialista Noemí Gomila. La consellera de la oposición se interesó por las iniciativas del gobierno insular tras conocerse los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre vivienda, que indican que una de cada diez casas en Menorca está deshabitada.
El dato se enmarca en un contexto social y económico de crisis y de necesidad de vivienda en la Isla, recordó Gomila.
El conseller del PP recordó que la institución insular no tiene competencias en materia de vivienda, pero sí un "contacto fluido" con el Govern, que ha facilitado la situación de las viviendas sociales. Pons criticó la política de construcción "de manera sistemática" de pisos protegidos "fomentada" por los anteriores gobiernos de izquierdas en Balears y en España, como posible causa de la saturación del mercado.
Las 51 viviendas sociales se alquilan a partir de un precio de 221 euros mensuales. Además, el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) ha puesto en marcha iniciativas de alquiler exprés y alquiler social a partir de 150 euros y destinadas a personas y familias que están en riesgo de desahucio y con graves dificultades económicas.
Según señaló el conseller de Cooperación, Deportes y Vivienda, en Ciutadella se ofrecen veinte pisos en alquiler, por una renta mensual de 222 a 230 euros; en Ferreries, 24 viviendas por un precio de 172 a 237 euros; en Es Mercadal hay 26 viviendas de alquiler por un precio de 166 a 205 euros y en Alaior, ocho pisos por un alquiler de 150 a 250 euros.
Por otro lado, Pons indicó que las ayudas al fomento del alquiler y a la rehabilitación de viviendas, contempladas en el nuevo plan estatal de vivienda (Real Decreto 233/2013 de 5 de abril), serán gestionadas directamente por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Govern.
Asimismo, señaló que se han realizado gestiones con entidades bancarias y promotores, titulares de viviendas protegidas, con el fin de que informen a la Dirección General de Vivienda del número de pisos sociales que tienen deshabitados y realizar así un seguimiento exhaustivo de las viviendas protegidas en las Islas.
Cédulas
Otra cuestión planteada por el portavoz del Grupo Socialista, Joan Marqués, y relativa a vivienda, se refirió al número de inspecciones realizadas para comprobar que las viviendas cumplen las condiciones de habitabilidad requeridas. En este caso, el conseller de Cooperación, Deportes y Vivienda, Juan José Pons, respondió que durante el año 2012 se realizaron ocho inspecciones en total, siete en suelo rústico y una en suelo urbano.