La Asociación Hotelera de Menorca califica de "error mayúsculo" una eventual regulación del alquiler turístico en viviendas residenciales ya que, a su entender, rompería con el actual modelo turístico, con la reducción de la calidad que ello conllevaría, lastrada en gran parte por una superación de la capacidad de carga del territorio, así como por un incremento "inasumible" de los visitantes y de la estacionalidad y una bajada de los precios y del gasto medio.
Los hoteleros, que defienden la existencia de un "equilibrio entre la oferta residencial y la hotelera que no debería romperse", van incluso más allá al advertir de que la autorización de estos usos implicaría "un ahondamiento en la opacidad fiscal y la economía sumergida, dada la imposibilidad de llevar un control de este tipo de actividad" y, más concretamente, apuntan al "desarrollo de un mercado laboral paralelo y precario".
Para fundamentar estos argumentos y contrastar modelos, tiran de datos. Según la información facilitada por ASHOME, el alojamiento hotelero, con el doble de ocupación, crea de manera directa 9,5 veces más empleo por plaza turística construida que el alojamiento residencial y, además, cuenta con un gasto medio por cliente de 123 euros diarios, mientras que en el caso de las viviendas vacacionales es de 87,3 euros.
Pero las objeciones de la patronal hotelera no acaban aquí. En su opinión, la incorporación de nuevas unidades de alojamiento "al margen de las normativas sectoriales" provocaría "una desregulación del producto turístico" con los consiguientes "efectos sobre la seguridad jurídica, que se perdería, y la protección del consumidor". Alegan que el alojamiento residencial "no está sometido a ningún tipo de control de calidad, ni ofrece las mismas garantías de seguridad para el cliente final", por lo que éste puede llegar a encontrarse "indefenso" ante ocasionales incumplimientos.
Este contundente posicionamiento de ASHOME debe leerse como una respuesta a los requerimientos planteados por parte de otras organizaciones empresariales y que persiguen la autorización por parte del Govern de las viviendas con cédulas de habitabilidad para el alquiler turístico. Una petición que se intensifica después de que el Gobierno central modificara en julio la Ley de Arrendamientos Urbanos que, en cierto modo, daba cobertura legal a estos usos.
El nivel de desencuentro alcanzado en las últimas semanas ha sido tan grande que los hoteleros han querido dejar claro que "nunca" han pedido la desaparición del turismo residencial, "propio y necesario en destinos maduros"; sí, en cambio, una regulación que, según recuerdan, ya se aplica, con sus sucesivas modificaciones, desde el año 1987.