Cuando parecía que los expedientes a los tres directores de los institutos de Maó estaban a punto de ser resueltos por no haber más trámites que realizar, el caso ha dado un giro inesperado. El inspector del caso, Ramon Mestre Vives, ha comunicado a Rafel Andreu, Margarita Seguí y Jaume Bonet un cambio en la determinación de los hechos imputados, la rebaja del nivel de la falta de muy grave a grave y la apertura de nuevos plazos para presentar alegaciones, lo que prolongará la instrucción y con ello la suspensión cautelar como directores de los tres afectados. El instructor asegura en las notificaciones que ha actuado así a tenor de las diligencias realizadas y las propias alegaciones de los tres directores.
En primer lugar, el instructor concreta que el único hecho imputado a partir de ahora es que cada uno de los directores expedientados «votó contra la propuesta del proyecto TIL que se sometió a votación» en el seno de los respectivos consejos escolares, lo que supone «una falta de obediencia al personal jerárquicamente superior». Nada queda, por tanto, de aquella respuesta a la Conselleria de Educación en la que los expedientados comunicaron que los proyectos TIL no se habían aprobado y de aquella consideración, en principio el quid de la cuestión, por la que entendían anulables las instrucciones de aplicación del TIL. La consellera Joana Maria Camps aseguró en su día al MENORCA que esta opinión era lo que había motivado los expedientes por parte de la Conselleria.
El instructor relata a los presuntos infractores que al votar en contra de las enmiendas actuaron en sentido contrario a una de las competencias del director, «cumplir y hacer cumplirlas leyes y otras disposiciones vigentes, y velar por su correcta aplicación». El hecho de que se presentaran en cada uno de los consejos escolares unos proyectos con las enmiendas introducidas ha salvado a los afectados de una imputación por falta muy grave y la ha convertido en grave.
La notificación del instructor ha sido recibida por los directores esta misma semana. El cariz que ha tomado el caso ha disgustado profundamente a los tres afectados, que muestran su indignación por el hecho de que «de una forma totalmente irregular» el proceso vuelva a empezar de cero. Los directores hablan de irregularidades, de indefensión, de inseguridad jurídica y de un flagrante caso de «prevaricación mayúscula», puesto que fueron muchos los directores de centros docentes de las Islas que en sus consejos escolares votaron en contra de los proyectos TILenmendados.
Sobre la nueva acusación, los tres directores aseguran que «en el inicio del expediente del 1 de agosto no se decía nada de todo esto», lo que supone una imputación añadida ahora, en sustitución de la anterior, con la intención, dicen, de que puedan ser sancionados y la Conselleria «salir airosa». El cambio de calificación se interpreta por parte de los afectados como una demostración de la improvisada apertura de los expedientes, «de manera desproporcionada y sin un conocimiento previo de lo que había pasado».
Critican los directores que se esté coartando con esta imputación su libertad de voto en los consejos escolares, algo que consideran «antidemocrático, e incluso anticonstitucional». Entienden que de aplicarse este criterio, debería ser extensivo a todos los profesores en calidad de funcionarios.
Andreu, Seguí y Bonet creen que la instrucción de los expedientes se está prolongado de forma premeditada y consciente, en base a actuaciones irregulares. Señalan al secretario autonómico Guillem Estarellas como responsable y acusan a la Conselleria de actuar así pese a ser conscientes de que sus decisiones no tendrán recorrido una vez entren los tribunales. algo que no les preocupa porque «saben que cuando los tribunales se pronuncien ellos ya no ocuparán sus cargos actuales».